834 millones sobre el papel: Canarias acumula más de mil concursos de obra pública desiertos

Los constructores denuncian que demasiadas obras salen a concurso con precios y plazos alejados de la realidad del mercado. Los ayuntamientos concentran el mayor número de licitaciones desiertas y los cabildos, el mayor importe.

Canarias acumula 1.041 licitaciones de obra pública declaradas desiertas entre enero de 2021 y octubre de 2026. Los concursos que se cerraron sin adjudicación sumaban 833,96 millones de euros. El balance deja una pregunta pendiente. ¿Cuántas de esas obras se adjudicaron después y cuánto tiempo se perdió hasta que pudieron empezar?

La patronal de la construcción sitúa parte del problema en la redacción de los pliegos. Entre el día en que los equipos técnicos calculan el presupuesto y el momento en que la Administración publica el concurso pueden pasar meses. En ese tiempo cambian las tarifas de los proveedores, los costes laborales y la disponibilidad de maquinaria. Si los precios se quedan congelados y los plazos resultan difíciles de cumplir, hay empresas que optan por quedarse fuera.

En un año, el asfalto se encareció un 38%, el suelo un 15,3% y el acero un 9,2%. A esas subidas se suma la presión de la energía y de la mano de obra. En Canarias, además, el presupuesto debe recoger cuánto cuesta llevar los materiales y la maquinaria hasta la isla donde se hará la obra y cuánto tiempo tardarán en llegar. Ese cálculo puede condicionar tanto el coste final como el calendario del proyecto.

Los ayuntamientos acumulan 482 concursos desiertos, por unos 262 millones de euros. Los cabildos registran 170, por 289,5 millones, y el Gobierno autonómico suma 146, por unos 169 millones. Al mismo tiempo, entre enero y agosto de 2026 las administraciones sacaron a concurso obras por 1.757 millones de euros en el archipiélago, un 110,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

España lidera la caída de la construcción en la Unión Europea

La actividad de la construcción en España cayó un 9,7% interanual en septiembre, el mayor descenso entre los países de la Unión Europea con datos disponibles. La actividad de ingeniería civil, que incluye obras públicas y privadas, retrocedió un 8,6% respecto al mismo mes del año anterior.

En paralelo, las administraciones españolas sacaron a concurso obra pública por 28.280 millones de euros entre enero y septiembre, un 25% más que en el mismo periodo de 2025. El importe licitado en obra civil aumentó un 18,3%. La licitación recoge el presupuesto de los concursos que se publican. La producción mide la actividad que efectivamente se realiza.

El pliego tiene que cuadrar a pie de obra

¿Cuánto cuesta hoy una tonelada de asfalto? ¿Cuánto tarda en llegar la maquinaria? ¿Hay personal disponible para cumplir el plazo? Son preguntas que los equipos técnicos tienen que resolver antes de que el concurso salga a la calle. Una obra puede tener presupuesto consignado y quedarse sin ofertas válidas si las condiciones se calcularon con tarifas antiguas o con plazos que las empresas difícilmente pueden cumplir.

La ley exige que el presupuesto base se ajuste a los precios de mercado y permite a las administraciones consultar al sector antes de licitar. Esa vía sirve para comprobar cuánto cuestan los materiales, qué suministros están disponibles y qué plazos se pueden cumplir. Si el concurso queda desierto y hay que rehacerlo, la Administración vuelve a tramitar el expediente y el vecino sigue esperando por la obra.

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