El Ministerio de Sanidad reconoce que no dispone aún de una estimación del número de personas en situación irregular que podrían beneficiarse del acceso al sistema sanitario público tras la aprobación del nuevo decreto que refuerza la universalidad de la asistencia.
El Gobierno central ha reavivado el debate político sobre el acceso a la sanidad pública tras reconocer que no dispone de una estimación clara del número de inmigrantes en situación irregular que podrían beneficiarse de las nuevas medidas aprobadas para reforzar la cobertura universal del sistema sanitario.
Desde el Ministerio de Sanidad, que dirige la ministra Mónica García, médico anestesista de profesión, se ha defendido que el objetivo del nuevo decreto es eliminar trabas administrativas y garantizar que cualquier persona que resida en España pueda recibir atención sanitaria básica dentro del Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, durante las explicaciones sobre la norma, el propio departamento ha admitido que todavía no ha realizado un cálculo concreto del volumen de personas que podrían acceder a la sanidad pública en esta situación. La estimación, según fuentes del Ministerio, dependerá en gran medida de cómo evolucionen los procesos administrativos y de regularización de inmigrantes actualmente en debate en el ámbito político.
La oposición ha criticado la falta de previsión sobre el posible impacto en los recursos sanitarios, mientras que el Gobierno defiende que la sanidad universal es un principio básico del sistema y que la atención sanitaria no puede quedar condicionada a la situación administrativa de las personas.
El asunto vuelve a situar la política migratoria y el equilibrio del sistema sanitario en el centro del debate político nacional.