Canarias atraviesa un momento económico que, sobre el papel, invita al optimismo. Los datos reflejan crecimiento, más actividad económica y cifras positivas en sectores clave como el turismo. Nuestro archipiélago ha superado los 58.000 millones de euros de Producto Interior Bruto y el gasto turístico continúa siendo uno de los grandes motores de nuestra economía.
Sin embargo, sería un error quedarnos únicamente con la lectura de los números. Porque detrás de las estadísticas sigue habiendo miles de familias que afrontan dificultades para llegar a fin de mes, jóvenes que no encuentran una vivienda asequible y ciudadanos que perciben que ese crecimiento no siempre se traduce en una mejora real de su vida cotidiana.
Ahí es donde aparece el gran desafío de Canarias en los próximos años: cómo convertir el crecimiento económico en bienestar social. No basta con crecer. El verdadero objetivo debe ser que ese crecimiento se reparta mejor y llegue a todos los rincones del archipiélago.
La vivienda es, probablemente, el problema que mejor resume esta preocupación. Hoy se ha convertido en una de las principales inquietudes de muchas familias canarias. Para los jóvenes, emanciparse resulta cada vez más difícil; para muchos hogares, el alquiler se ha convertido en un gasto que absorbe buena parte de los ingresos.
Responder a esta realidad exige decisiones valientes y sostenidas en el tiempo: aumentar la vivienda pública, movilizar viviendas vacías mediante incentivos adecuados y facilitar suelo para la construcción. No se trata de una medida puntual, sino de una política estructural que debe mantenerse durante años.
Junto a la vivienda, los servicios públicos siguen siendo un pilar esencial de nuestra cohesión social. En sanidad se han producido avances importantes, como la reducción de listas de espera quirúrgicas, pero aún queda camino por recorrer, especialmente en la atención primaria y en la disponibilidad de especialistas. La sanidad pública debe seguir reforzándose, porque es uno de los elementos que garantizan la igualdad entre ciudadanos.
En educación ocurre algo similar. Canarias cuenta con un presupuesto alto, pero debemos seguir avanzando hasta alcanzar plenamente los objetivos que marca nuestra legislación educativa. Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestras islas.
A todo ello se suma un elemento que no podemos olvidar cuando hablamos de Canarias: los déficits estructurales de un territorio alejado y fraccionado en islas.
Nuestro archipiélago es diverso y, en muchos casos, desigual en términos de oportunidades. Las islas no capitalinas, y especialmente las llamadas Islas Verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro—, afrontan dificultades añadidas derivadas de la doble insularidad, la menor dimensión de sus mercados y las limitaciones para atraer determinadas actividades económicas.
Por eso es imprescindible mantener políticas específicas que compensen esas desventajas y permitan generar empleo, atraer inversión y fijar población. No hablamos de privilegios, sino de equilibrio territorial y de cohesión entre islas.
Canarias necesita seguir avanzando con estabilidad política, planificación y responsabilidad institucional. Solo así podremos afrontar con éxito los desafíos sociales y económicos que tenemos por delante.
Hay que seguir trabajando con ese objetivo: contribuir a que el crecimiento económico que hoy experimenta Canarias se traduzca en oportunidades reales para la ciudadanía. Porque el progreso de una tierra no se mide únicamente en cifras macroeconómicas. Se mide, sobre todo, en la capacidad de mejorar la vida de las personas y de las familias. Ese debe ser, sin duda, el verdadero horizonte de Canarias.