La vivienda vacacional se ha convertido en el gran debate de nuestro tiempo en Canarias. Lo que comenzó como una oportunidad para dinamizar el turismo y diversificar los ingresos de miles de familias, se ha transformado en un problema estructural que amenaza uno de los derechos fundamentales: el acceso a una vivienda digna.
Los datos son contundentes. Miles de pisos que antes estaban destinados al alquiler residencial se han reconvertido en alojamientos turísticos. En las principales zonas urbanas y costeras, el precio del alquiler se ha disparado, expulsando a los residentes hacia municipios periféricos o, directamente, a la precariedad. La vivienda vacacional, que debía ser un complemento económico, se ha convertido en un símbolo de desigualdad.
El fenómeno no es exclusivo de Canarias, pero aquí tiene un efecto más dramático: la doble condición de archipiélago y región turística amplifica los desequilibrios. Los jóvenes no pueden emanciparse, los trabajadores del sector servicios no encuentran donde vivir cerca de su empleo, y los pueblos costeros pierden su identidad bajo el peso del turismo intensivo.
Frente a esta realidad, los políticos parecen atrapados entre el miedo y la indecisión. Regular sin castigar, ordenar sin destruir el tejido económico, proteger al ciudadano sin ahogar la inversión: ese es el equilibrio que nadie ha sabido alcanzar. ¿Tienen nuestros dirigentes la personalidad suficiente para hacerlo? ¿O prefieren seguir navegando en la ambigüedad, temerosos de perder votos o enfrentarse a los lobbies del sector?
El derecho a la vivienda no puede ser un concepto retórico. Es una exigencia constitucional y moral. Permitir que el mercado turístico devore el mercado residencial es aceptar que el beneficio inmediato está por encima de la dignidad colectiva. Y eso, en una sociedad madura, es inaceptable.
La vivienda vacacional podría haber sido una oportunidad para generar prosperidad compartida, pero sin reglas claras y sin valentía política, se ha convertido en un espejo del fracaso de nuestra sociedad: el de no saber conjugar desarrollo con justicia.
Canarias necesita liderazgo, no parches. Una regulación coherente que proteja tanto el derecho a un techo como la actividad económica. Porque sin equilibrio, el paraíso turístico puede terminar siendo un infierno para quienes lo habitan.
