El ministro confirma en plena agenda institucional que el Ejecutivo aprobará en los próximos meses la prórroga del sistema solidario de acogida. Canarias, Ceuta y Melilla respiran ante un modelo que evita el colapso… pero que depende del equilibrio político en Madrid.
El Gobierno de España pisa el acelerador. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó este jueves que el Ejecutivo aprobará antes de agosto un nuevo decreto para blindar el sistema de reparto solidario de menores migrantes entre comunidades autónomas.
La medida, clave en la gestión de la presión migratoria, permitirá prorrogar el modelo al menos hasta 2027, consolidando un mecanismo que nació como respuesta urgente al colapso de los centros de acogida en Canarias y que ahora se extiende como pieza estructural del sistema.
Torres defendió que el modelo “ha funcionado” y que su continuidad es imprescindible para evitar que territorios frontera como Canarias, Ceuta o Melilla vuelvan a situaciones límite. En este sentido, subrayó que la solidaridad interterritorial no es una opción, sino una obligación del Estado.
El sistema obliga a las comunidades autónomas a asumir parte de la acogida de menores no acompañados, financiando el Estado tanto los traslados como la primera atención. Una fórmula que ha permitido aliviar especialmente la presión en el Archipiélago, donde los centros llegaron a triplicar su capacidad.
Sin embargo, el propio ministro dejó entrever la fragilidad política del modelo. Su continuidad a largo plazo dependerá de las mayorías parlamentarias, en un contexto donde el debate migratorio vuelve a tensionar el tablero nacional.
Ceuta y Canarias, clave del sistema
• Más de 400 menores ya trasladados desde Ceuta a la Península
• Canarias, origen del modelo tras el colapso de su red de acogida
• Objetivo: evitar saturación en territorios frontera
• Horizonte: prórroga del sistema hasta 2027
• Riesgo: dependencia de la mayoría política en el Congreso
Clave Gaceta
El Gobierno mueve ficha antes de agosto para blindar uno de los pilares de su política migratoria. Canarias gana tiempo… pero el debate de fondo sigue abierto: quién asume el coste real de la frontera sur de Europa.