Canarias, Euskadi y Castilla La Mancha piden un mediador al Gobierno central para acabar con la huelga de médicos estatal

Los responsables de las Consejerías de Sanidad de Canarias, Euskadi y Castilla-La Mancha han solicitado al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España la puesta en marcha de un mecanismo de mediación independiente que permita reactivar el diálogo con el colectivo médico y avanzar hacia el fin de la huelga de ámbito estatal.

La petición ha sido trasladada mediante una carta firmada por la consejera canaria, Esther Monzón, junto a sus homólogos Alberto Martínez y Jesús Fernández, dirigida a la ministra Mónica García.

En el escrito, los consejeros plantean la necesidad de incorporar una figura neutral que facilite la negociación entre el Ministerio y el comité de huelga, con el objetivo de generar confianza y propiciar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Consideran que esta vía permitiría evitar una prolongación de las movilizaciones y reducir su impacto sobre pacientes y servicios sanitarios.

Como propuesta, sugieren que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría desempeñar este papel mediador, aunque subrayan que la decisión final corresponde al ámbito estatal. En cualquier caso, insisten en la urgencia de activar cuanto antes un instrumento eficaz que desbloquee la situación.

Los firmantes recuerdan que la huelga tiene su origen en las discrepancias en torno al Estatuto Marco, un conflicto de carácter estatal cuyas consecuencias, advierten, están recayendo directamente en los sistemas sanitarios autonómicos.

Según señalan, el impacto asistencial ya es significativo en distintas comunidades, con una creciente presión sobre los servicios de salud y posibles repercusiones en la atención a los pacientes. Por ello, consideran prioritario alcanzar una solución dialogada que garantice tanto la calidad asistencial como la estabilidad del sistema.

En la carta, las comunidades expresan además su preocupación por la falta de avances en las negociaciones y reiteran su disposición a colaborar con el Ministerio para lograr una salida consensuada al conflicto en beneficio de profesionales y ciudadanía.