El grupo hotelero Lopesan ha retirado las barreras de control en el acceso rodado al complejo de Pasito Blanco, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), lo que permite a residentes y visitantes llegar libremente hasta la playa de El Hornillo. La medida se produce en medio de una disputa con la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento sobre la canalización del barranco y el uso del dominio público marítimo-terrestre.
Según la Ley de Costas, las playas y los cauces naturales que desembocan en el mar forman parte del dominio público marítimo‑terrestre, por lo que deben ser de libre acceso y uso común. El cierre o control de acceso a dichos espacios solo puede justificarse por razones de seguridad o gestión debidamente autorizadas. En este caso, la concesión portuaria original de Pasito Blanco, otorgada en los años setenta, venció en 2022. Desde entonces, la Demarcación de Costas entiende que los viales y la playa ya no pueden estar sometidos a control privado.
Durante años, el acceso a la playa de El Hornillo estuvo restringido por una barrera física en la entrada de la urbanización‑marina de Pasito Blanco. Solo residentes o personas autorizadas podían acceder en vehículo, lo que en la práctica dificultaba el acceso libre al litoral. Lopesan argumentó que el control era necesario por motivos de seguridad y mantenimiento del recinto, mientras que asociaciones ecologistas y la administración central consideraban que se trataba de una privatización encubierta del litoral.
Ecologistas y colectivos locales denunciaron además obras de canalización y relleno en los barrancos de Pasito Blanco y El Hornillo, al considerar que alteraban los cauces naturales y bloqueaban caminos tradicionales hacia la costa. Costas abrió expedientes sancionadores por vertidos y obras no autorizadas en dominio público.
Tras los requerimientos de Costas y la finalización de la concesión, Lopesan decidió retirar las barreras de control. Actualmente se puede acceder libremente hasta la playa de El Hornillo, tanto a pie como en vehículo, respetando las zonas de uso público y las normas de convivencia en el entorno de la marina. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de garantizar la libre circulación por todo el litoral canario y la compatibilidad entre la actividad turística y el uso público del mar.
