Sin novedad en el frente. Los Presupuestos canarios para 2026 son moderados, continuistas y levemente expansivos en un contexto de bonanza económica con algunos nubarrones e incertidumbre política a escala estatal, un condicionante que acompañará a esta legislatura autonómica por las endiabladas matemáticas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Quien quiera emociones fuertes, desde luego no las va a encontrar con las cuentas autonómicas del año próximo. Eso tienen de buenas, su previsibilidad en un contexto de solidez del pacto de gobierno formado por CC y PP. No es poco. Pero eso tienen de malas estas cuentas, una obvia renuncia a cualquier planteamiento reformista porque, aunque quizá sea un error, los tiempos de estabilidad económica y política nunca invitan a los cambios radicales. Así que la Comunidad Autónoma el año próximo gastará un poco más en servicios esenciales, cumplirá con los empleados públicos e invertirá un poco menos porque se le hace pesada la digestión del convenio de carreteras. Así lo explicó en Despierta Canarias Matilde Asián (PP), consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, y responsable por tanto de redactar y defender el Presupuesto regional.
Matilde Asián defendió en su entrevista en Radio Marca Tenerife el carácter “continuista” pero al mismo tiempo “realista” del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, unas cuentas que se han elaborado en un contexto de elevada incertidumbre por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y por la falta de fijación de la senda de estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno central. Asián recordó que el límite de gasto no financiero se sitúa en 12.143 millones de euros, fijado ya el pasado 29 de julio como primer paso para la elaboración de las cuentas. Subrayó que, a pesar de que el Presupuesto crece en su conjunto un 7%, los gastos de personal lo hacen en un 7,8%. Este ligero diferencial, explicó, se debe fundamentalmente a los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y seguridad, que absorben el 90% del aumento en este capítulo. El resto corresponde a la aplicación del incremento retributivo a los empleados públicos.
Ante la pregunta de que el aumento del gasto corriente y en salarios se produce a costa de un ligero recorte en las inversiones, la consejera grancanaria matizó que no es cierto que las inversiones reales caigan, sino que el ajuste responde a la adecuación del convenio de carreteras. El nuevo acuerdo, señaló, mantiene la misma cantidad global (superior a los mil millones de euros), pero distribuye los fondos en más años con cuantías anuales menores, lo que ha dado la impresión de una reducción. A su juicio, se trata de “una medida de transparencia que refleja la capacidad real de ejecución en las Islas”, si bien este hecho acredita al mismo tiempo que la Comunidad Autónoma no es capaz ahora mismo se gastarse las cantidades previstas en cada anualidad del convenio de carreteras, pese a las necesidades objetivas en ese campo.
Matilde Asián defendió que el Presupuesto es coherente con la función principal de las comunidades autónomas, que no es otra que sostener el Estado del Bienestar. En Canarias, apuntó, más del 70% de los recursos se destinan a sanidad, educación, acción social y vivienda. Por ello, calificó las cuentas de “continuistas”, no tanto por inercia política, sino porque la estructura competencial y financiera de las autonomías apenas deja margen para otro diseño. La titular de Hacienda también recordó la particularidad canaria en materia de ingresos tributarios. Al tener un PIB más dinámico gracias al turismo, la recaudación se incrementa por encima de la media nacional. Sin embargo, alertó de que parte de esos ingresos “no se pueden utilizar” debido a la regla de gasto, que obliga a destinar el superávit a la amortización de deuda. Desde abril de 2024, Europa ha flexibilizado esas normas, pero esa mayor holgura no se ha trasladado todavía a las comunidades autónomas. Asián reclamó que Canarias pueda beneficiarse de ese cambio, ya que considera incoherente no poder destinar los recursos propios a mejorar los servicios públicos. Se trata de un nudo gordiano de la política española que ahora mismo no encuentra solución. Y las comunidades como Canarias, definidas en los últimos años por un endeudamiento muy bajo o incluso superávit, se ven perjudicadas por este corsé.
En cuanto a la prórroga de los Presupuestos estatales, la consejera reconoció que genera un problema añadido. Canarias, dijo, se ha visto afectada por lo que definió como “un barrido de 226 millones de euros de créditos previstos en 2023 que no figuran en las partidas prorrogadas”. A esto se suma el retraso en la llegada de transferencias comprometidas por el Gobierno central para 2025, lo que mantiene a la Comunidad Autónoma en un escenario de provisionalidad. “Estamos esperando que lleguen cantidades acordadas por el presidente de Canarias con la vicepresidenta del Gobierno de España”, señaló. Preguntada por los retrasos habituales en los pagos de dichas transferencias procedentes del Estado, Asián admitió que el fenómeno es común en la práctica presupuestaria y que en ocasiones los fondos “llegan tan tarde que es difícil ejecutarlos”. Puso como ejemplo los recursos para la atención de menores inmigrantes no acompañados: de los 50 millones anunciados por el Estado, Canarias ya había gastado 150 millones antes de recibir un solo euro, lo que impidió que se generase un problema de ejecución, pero sí un notable desfase financiero.
En relación con la política fiscal, la consejera aclaró que la figura del llamado “céntimo forestal” no es un impuesto autonómico, sino un recargo autorizado por ley para que los cabildos, si lo consideran necesario, lo apliquen de forma voluntaria. Aseguró que no se trata de ingresos para la Comunidad Autónoma y evitó valorar la conveniencia de que las corporaciones insulares lo apliquen. Sí defendió, en cambio, la política compensatoria en el precio de los combustibles en las islas no capitalinas. Recordó que desde 2025 el sistema fija ayudas trimestrales siempre que exista un diferencial con el precio en Tenerife y Gran Canaria, de modo que si el mercado iguala precios (por ejemplo, con la llegada de estaciones de bajo coste) no se paga compensación alguna.
En el terreno macroeconómico, la consejera Matilde Asián advirtió de un cierto estancamiento en el crecimiento real del PIB canario, previsto en el 1,9% para 2026, frente a un incremento nominal del 3,6%. Pese a ello, destacó que en términos nominales el salto es evidente: de 41.000 millones en 2021 a 64.000 millones en 2026. Lo complejo, añadió, es el reparto de esa riqueza y su capacidad para sostener el sistema de bienestar social. Por último, al ser interpelada sobre la presión fiscal que soportan los ciudadanos canarios, la consejera defendió que el Archipiélago mantiene ventajas en la imposición indirecta, con un IGIC muy inferior al IVA, lo que beneficia al consumo. Eso sí, eludió de nuevo cualquier compromiso sobre una rebaja en el IGIC, la principal promesa electoral de Coalición Canaria y el Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2023, de casi imposible cumplimiento por la existencia del techo de gasto y la certeza de que una rebaja tributaria supondría una merma de ingresos que ni el Gobierno de Canarias (que se queda el 42% de los ingresos del IGIC) ni las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos, que se llevan el 58%) están dispuestos a asumir.
