El alto tribunal acepta estudiar el recurso de un particular en Gran Canaria que cuestiona la ‘unidad de explotación’, el sistema que impide a los propietarios alquilar libremente sus viviendas turísticas.
El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a un histórico pulso judicial que enfrenta a un propietario particular con el modelo turístico impuesto en Canarias. El alto tribunal ha admitido a trámite un recurso que cuestiona la legalidad de la ‘unidad de explotación’, una norma que durante años ha impedido a cientos de propietarios alquilar libremente sus viviendas dentro de complejos turísticos gestionados por un único operador.
El caso, surgido en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), simboliza la lucha de los pequeños propietarios —’David’— contra el poder de las grandes empresas explotadoras —’Goliat’— que, bajo la cobertura legal de la normativa autonómica, han controlado el negocio del alquiler vacacional y limitado la libertad económica de quienes poseen los inmuebles.
Según el recurso, la ‘unidad de explotación’ beneficia únicamente a las grandes compañías, mientras anula los derechos de los particulares, obligándolos a someterse a un gestor único para poder rentabilizar su propiedad. El Supremo deberá ahora decidir si este modelo vulnera principios constitucionales como la libertad de empresa y el derecho de propiedad privada.
El fallo, cuando llegue, podría sacudir los cimientos del sector turístico canario y reabrir el debate sobre el equilibrio entre el interés colectivo y los derechos individuales en el negocio del alquiler vacacional. Una batalla legal que promete marcar un antes y un después en la historia del turismo en las islas.
