El mercado del alquiler entra en una nueva fase de tensión y mayor control legal en 2026. Por un lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado a los inquilinos a enviar un burofax a sus caseros para acogerse a la prórroga de los contratos, dejando constancia formal y blindando su situación ante posibles subidas o finalizaciones.
Por otro, la normativa ya en vigor endurece las reglas para los propietarios: la devolución de la fianza debe realizarse en un plazo máximo de un mes desde la finalización del contrato. Superado ese límite, los arrendadores se exponen a penalizaciones económicas e incluso al pago de intereses legales.
Este doble escenario —presión política y refuerzo legal— está provocando un aluvión de consultas y movimientos en el mercado, con inquilinos que buscan proteger sus derechos y propietarios que se enfrentan a un marco cada vez más exigente.
El resultado: más seguridad jurídica sobre el papel, pero también más fricción en uno de los mercados más tensionados de España.