Canarias moviliza 60 millones de euros procedentes del Estado para frenar el impacto del encarecimiento energético derivado de la crisis internacional. El acuerdo entre ambos ejecutivos permitirá aplicar en las Islas medidas fiscales equivalentes a las aprobadas en la Península, adaptadas al sistema tributario canario.
El eje del plan pasa por establecer el IGIC cero en los carburantes y activar bonificaciones sobre el impuesto al combustible dirigidas principalmente a transportistas y agricultores, sectores especialmente sensibles a la subida de costes.
Para hacerlo posible, el Estado transferirá los fondos necesarios a la comunidad autónoma, garantizando la aplicación de estas ayudas con carácter retroactivo desde el pasado 20 de marzo, fecha de aprobación del decreto en Consejo de Ministros.
Las medidas estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad de prórroga en función de la evolución del conflicto y su impacto en la economía canaria.