España ha decidido abrir un debate de fondo en la escena internacional: el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y lo hace con protagonismo canario. El tinerfeño Héctor Gómez Hernández, embajador de España ante la ONU, se ha convertido en una de las figuras clave en la iniciativa que busca limitar este mecanismo cuando un país está directamente implicado en un conflicto.
La propuesta, impulsada junto a México y respaldada por 14 países, plantea aplicar de forma efectiva el artículo 27.3 de la Carta de la ONU. Es decir, que los Estados no puedan votar —ni vetar— resoluciones en conflictos en los que sean parte interesada.
El alcance de esta iniciativa es relevante. De prosperar, potencias como Rusia no podrían bloquear decisiones sobre la guerra en Ucrania, ni Estados Unidos hacerlo en escenarios donde tenga implicación directa. Un planteamiento que busca reforzar la credibilidad del sistema multilateral.
Desde Nueva York, Gómez ha articulado esta ofensiva diplomática con un enfoque claro: no se trata de reformar la ONU desde cero, sino de hacer cumplir sus propias normas. Una vía que suma apoyos y que introduce un principio clave: evitar que los países actúen como juez y parte en conflictos internacionales.
Más allá del debate jurídico, la iniciativa pretende avanzar hacia un funcionamiento más equilibrado del Consejo de Seguridad, donde las decisiones respondan al interés común y no queden bloqueadas por intereses particulares.
España, con un tinerfeño al frente, se posiciona así en el centro del debate global con una propuesta constructiva que aspira a fortalecer la ONU en un momento de máxima complejidad internacional.