El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un paquete de medidas fiscales y económicas destinado a paliar los primeros efectos que el inicio de la guerra en Irán está provocando en el archipiélago. La iniciativa, valorada en 29,8 millones de euros, busca amortiguar el encarecimiento de los combustibles, la energía y los productos básicos, con un impacto estimado de hasta 60 millones anuales si el conflicto se prolonga.
El Ejecutivo autonómico ha decidido actuar con medidas propias tras constatar que Canarias quedó fuera del alcance directo de las iniciativas estatales recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, centrado en el IVA y el Impuesto sobre Hidrocarburos. Estas medidas no se aplican en las islas debido a su régimen fiscal específico.
Entre las principales decisiones adoptadas destaca la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. Asimismo, se incrementa la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%.
El paquete también contempla la aplicación del tipo cero del IGIC a productos básicos que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. A ello se suma la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario hasta los 50.000 euros de facturación anual, lo que permitirá reducir cargas fiscales y administrativas a partir de julio de 2026.
Además, el Gobierno canario pondrá en marcha una línea de ayudas directas por valor de 7,2 millones de euros destinada a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial, con el fin de compensar el aumento de los costes energéticos y de insumos.
Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la “extraordinaria y urgente necesidad” derivada de la evolución de la crisis internacional.
Reclamaciones al Estado
De forma paralela, el Ejecutivo regional ha acordado trasladar al Gobierno de España una batería de propuestas complementarias para reforzar la respuesta económica. Entre ellas figuran la flexibilización de las reglas fiscales, la implantación de una bonificación estatal al combustible y la reducción del IRPF para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
También se solicita la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en áreas como transporte, agua y agricultura, así como la creación de mecanismos de liquidez para empresas y autónomos y un fondo específico para sectores más expuestos.
En el ámbito estructural, Canarias reclama medidas como la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias, el impulso a energías renovables —incluyendo la geotermia y la eólica marina—, el refuerzo del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y la exclusión del archipiélago de determinados mecanismos europeos de emisiones que encarecen la conectividad.
El Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier respuesta estatal a crisis internacionales, con el objetivo de adaptar las políticas públicas a las singularidades del archipiélago. Según subraya, estas medidas no buscan privilegios, sino garantizar la equidad y compensar las desventajas derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.