La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha levantado la voz contra el Gobierno de Canarias al denunciar un intento de modificar la Ley 6/2025 de ordenación del uso turístico de viviendas (LOSUTV) “por la puerta de atrás”.
Según el colectivo, el Ejecutivo pretende introducir cambios de gran calado a través de un proyecto de ley destinado, en teoría, a agilizar licencias urbanísticas, pero que acabaría alterando de forma sustancial el régimen jurídico del alquiler vacacional en el Archipiélago.
ASCAV advierte de una “desconexión total” entre el objeto de la norma y las enmiendas introducidas, recordando que tanto el Consejo Consultivo como el Tribunal Constitucional han establecido que no se pueden incorporar cambios sin relación directa con la ley en tramitación.
Entre las medidas más polémicas, denuncian que cualquier alquiler inferior a 31 días podría considerarse automáticamente turístico, obligando al propietario a justificar lo contrario. Además, se contemplan sanciones que oscilan entre 1.501 y 30.000 euros.
El colectivo también alerta de que se estarían invadiendo competencias estatales y endureciendo condiciones hasta el punto de afectar a estancias por trabajo, estudios o motivos sanitarios, especialmente en islas no capitalinas.
A ello se suman nuevas restricciones como limitar a una vivienda turística por referencia catastral, acotar a 30 años el uso consolidado o reducir a 12 meses el plazo para regularizar la actividad.
ASCAV considera que estas modificaciones suponen “una reforma encubierta” de la ley turística y exige que el texto vuelva al Consejo Consultivo de Canarias antes de seguir su tramitación.
El pulso está servido: el Gobierno habla de ordenación, el sector denuncia asfixia. Y en medio, miles de propietarios que ven cómo el tablero cambia… sin que nadie haya abierto formalmente la partida.