La presión judicial sobre el PSOE se intensifica tras la declaración en sede judicial de Carmen Pano, quien ha confirmado el traslado de 90.000 euros a la sede de Ferraz. El testimonio refuerza el foco sobre la financiación del partido y eleva la tensión política en torno al caso. Las investigaciones avanzan para esclarecer el origen y destino de esos fondos, mientras la oposición reclama explicaciones inmediatas. Desde el entorno socialista se insiste en la legalidad de sus cuentas y se apela a la presunción de inocencia, en un escenario marcado por el creciente desgaste mediático y judicial.