El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central han acordado este viernes poner en marcha grupos de trabajo técnicos para avanzar en la participación del archipiélago en la gestión aeroportuaria. La decisión se adoptó tras una reunión bilateral en la que ambas partes fijaron una hoja de ruta orientada a desarrollar lo previsto en el Estatuto de Autonomía.

La consejera de Presidencia canaria, Nieves Lady Barreto, explicó al término del encuentro que equipos técnicos y jurídicos de ambas administraciones comenzarán a intercambiar documentación en las próximas semanas. Este proceso desembocará en la convocatoria de una comisión técnica con participación del Ministerio de Transportes y del área autonómica de Obras Públicas.

El objetivo del Ejecutivo regional es acelerar al máximo las negociaciones para lograr una mayor implicación en la gestión de los aeropuertos del archipiélago. Barreto destacó la disposición mostrada por los representantes del Gobierno central y subrayó que este asunto ya forma parte de la agenda bilateral, lo que permitirá avances a corto plazo.

Por parte del Estado, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, reafirmó el compromiso del Gobierno con este proceso. Según señaló, el inicio formal del diálogo abre una etapa de trabajo que ambas partes confían en culminar con acuerdos, tomando como referencia experiencias previas en otras comunidades autónomas.

Además de la cuestión aeroportuaria, la reunión abordó la situación de los fondos europeos destinados a energías renovables. Canarias reiteró la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de estas ayudas, actualmente fijado hasta julio de 2026, para evitar la pérdida de recursos clave vinculados al programa NextGenerationEU.

Sin embargo, otros asuntos relacionados con el desarrollo del autogobierno, como el control fiscal de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal, quedaron fuera del encuentro y se abordarán en fases posteriores de la negociación.

El acuerdo alcanzado se apoya en el marco legal del Estatuto de Autonomía, que reconoce a Canarias un papel en la planificación y gestión de infraestructuras estratégicas. Actualmente, su participación se limita a órganos consultivos, por lo que el Ejecutivo autonómico aspira a lograr un modelo de cogestión que le otorgue mayor capacidad de decisión sobre los aeropuertos del archipiélago.