El Gobierno de Canarias ha reclamado este martes una mayor implicación de la Unión Europea en la gestión migratoria, advirtiendo de que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no será eficaz si no incorpora más solidaridad, financiación suficiente y la participación activa de las regiones frontera.

Así lo expresó el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, durante la reunión del grupo de trabajo sobre migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas celebrada en Bruselas. En su intervención, insistió en que “quienes gestionamos el reto migratorio en primera línea debemos participar en las decisiones”.

Caraballo mostró su preocupación por el impacto que el nuevo pacto, que entrará en vigor en junio, pueda tener en el archipiélago. Señaló que Canarias soporta una presión migratoria elevada, mientras que los mecanismos de redistribución hacia otras comunidades autónomas y países europeos “siguen siendo insuficientes”.

En este contexto, defendió la necesidad de que la Unión Europea reconozca la Ruta Atlántica como un sistema migratorio específico, diferente al del Mediterráneo, y que se diseñen estrategias propias adaptadas a trayectos largos y peligrosos, que en muchos casos superan los 2.000 kilómetros en embarcaciones precarias.

Uno de los aspectos más críticos señalados por el viceconsejero fue el Reglamento de Triaje incluido en el pacto, que podría obligar a mantener a las personas migrantes en Canarias durante periodos de hasta seis meses. “Este extremo es inasumible para un territorio limitado y fragmentado como el archipiélago”, advirtió.

Asimismo, reclamó que se establezcan mecanismos automáticos de derivación rápida hacia la península y otros Estados miembros, especialmente para regiones ultraperiféricas, y alertó del riesgo de que las islas se conviertan en un espacio de retención.

En relación con los menores migrantes no acompañados, Caraballo subrayó la necesidad de crear un sistema europeo que garantice su protección, con reubicación obligatoria, financiación estable y estándares comunes. “Debemos tener garantías de que no hay fisuras en la atención y acogida a los menores”, afirmó.

El viceconsejero también criticó la falta de información sobre la aplicación del pacto y lamentó que Canarias no haya sido consultada en la elaboración de los planes nacionales para su implementación. A su juicio, esta exclusión dificulta diseñar respuestas ajustadas a la realidad de los territorios más afectados.

Finalmente, apostó por un modelo de gobernanza multinivel que incluya a las regiones en la toma de decisiones y defendió que la solidaridad europea en materia migratoria “sea obligatoria, no voluntaria”, como condición imprescindible para el éxito del acuerdo.