El conflicto por las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en Gran Canaria entra en una nueva fase judicial tras el recurso presentado por una filial de Cabify contra la decisión del Cabildo de denegar 1.200 autorizaciones en 2023. La batalla, lejos de cerrarse, se intensifica ahora en los juzgados y amenaza con marcar el futuro del modelo de movilidad en la isla.

El procedimiento se tramita en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, después de que el Boletín Oficial de la Provincia haya publicado el emplazamiento a posibles interesados, entre ellos asociaciones del taxi y otros operadores del sector.

El Cabildo sostiene que actuó conforme a la normativa vigente, que limita la proporción de VTC frente al taxi, mientras que la empresa defiende que la negativa vulnera principios de competencia y normativa europea.

El pulso judicial se suma a otros litigios abiertos en Canarias y refleja el choque entre administraciones, plataformas digitales y el sector tradicional del taxi, con un desenlace aún incierto.