Golpe directo a las aspiraciones de Canarias. El presidente de Aena, Maurici Lucena, aprovechó la junta general de accionistas para fijar una línea roja sin matices: no habrá cogestión ni cesión de los aeropuertos del archipiélago. El mensaje, lanzado ante inversores, no deja espacio a interpretaciones y sitúa el debate lejos de lo político y más cerca de los mercados.

Lucena defendió que el modelo aeroportuario está blindado por ley y por el peso del capital privado, que ronda el 49% y sostiene un negocio valorado en cerca de 20.000 millones de euros. Bajo ese prisma, cualquier intento de abrir la puerta a la participación autonómica generaría inseguridad jurídica y podría acabar en los tribunales por presión de los accionistas.

La respuesta de Aena reduce las aspiraciones de Canarias a una mera “cooperación reforzada” de carácter consultivo, sin capacidad real de decisión. Es decir, escuchar sí, decidir no. Un planteamiento que choca frontalmente con la estrategia del Gobierno de Fernando Clavijo, que reclama mayor control sobre una infraestructura vital para la economía insular.

El choque evidencia un conflicto de fondo: mientras Canarias exige gestión acorde a su singularidad, Aena responde con un modelo centralizado donde el interés de los mercados pesa más que el territorio. El pulso sigue abierto, pero el aviso ya es claro: la última palabra no está en las islas.