El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha alertado de las incertidumbres que genera la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 12 de junio, y ha advertido de que podría intensificar la presión migratoria en el archipiélago.

Durante su intervención en la jornada ‘Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades’, celebrada en Casa África, el dirigente autonómico subrayó que el acuerdo europeo “abre muchas incógnitas” para el Ejecutivo regional, especialmente en lo relativo a los tiempos de permanencia de los migrantes en las islas, que podrían ampliarse hasta seis meses frente al plazo actual de alrededor de un mes.

Clavijo lamentó además que ni las instituciones europeas ni el Gobierno de España hayan contado con Canarias para diseñar este marco normativo, pese a su condición de territorio frontera. En este sentido, advirtió de que el pacto “puede suponer un antes y un después en el proyecto y los principios de la Unión Europea, que corre el riesgo de involucionar y dar pasos hacia atrás”, y criticó que no se haya tenido en cuenta a regiones como el archipiélago, donde podrían ubicarse “esos espacios de retención, esos agujeros negros de los derechos humanos”.

El jefe del Ejecutivo autonómico también hizo hincapié en la necesidad de que la Unión Europea considere las particularidades de la Ruta Atlántica, marcada por una elevada mortalidad y por la llegada de migrantes a un territorio alejado de sus destinos finales en el continente.

El encuentro, organizado por Islas Responsables Lab, reunió a expertos que coincidieron en señalar lagunas e imprecisiones en el pacto, especialmente en su aplicación en territorios como Canarias. Entre las principales preocupaciones figura el desarrollo del llamado Reglamento de Triaje, que podría prolongar la estancia de los migrantes y complicar la gestión en un territorio fragmentado.

En el ámbito institucional, el director de Casa África, José Segura, advirtió de que el endurecimiento de las políticas migratorias en Europa, como el reglamento de retorno, “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la tutela judicial efectiva”. Frente a ello, defendió que España ha optado por una vía diferente basada en la regularización y la integración.

Por su parte, el director de Relaciones con África, Luis Padilla, puso el foco en la cooperación con países de origen como Senegal o Mauritania, destacando proyectos orientados a generar empleo y fijar población para evitar migraciones forzadas. Según explicó, iniciativas como Tierra Firme contribuyen a ofrecer alternativas de futuro y a reducir el riesgo de que jóvenes emprendan la peligrosa Ruta Atlántica.

El presidente canario también aprovechó su intervención para agradecer la labor de las ONG y entidades sociales, especialmente por su implicación en Bruselas para reclamar un sistema de distribución de menores migrantes no acompañados entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Además, Clavijo se refirió a la próxima visita del papa León XIV al archipiélago, que coincidirá con la entrada en vigor del pacto, y confió en que sirva para reforzar el mensaje de solidaridad y respeto a los derechos humanos hacia las personas migrantes.

El debate se estructuró en dos mesas centradas en la gestión del pacto sobre el terreno y en sus implicaciones en derechos humanos. En ellas participaron representantes de organizaciones como Oxfam, CEAR, ACNUR y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, además de expertos jurídicos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Entre las conclusiones, se señaló el riesgo de que Canarias concentre centros de retorno, así como la necesidad de garantizar recursos suficientes, traducción en todas las fases del proceso y seguridad jurídica en la aplicación del pacto, aspectos que aún generan incertidumbre tanto a nivel estatal como europeo.