El Gobierno de Canarias ha encendido las alarmas ante el bloqueo que está generando el proceso de regularización de inmigrantes, marcado por un “bucle administrativo” que está dejando fuera a miles de personas. Por ello, ha solicitado una reunión urgente con la FECAM y la FECAI para intentar coordinar soluciones.

El principal problema radica en los llamados informes de vulnerabilidad social, documentos clave que deben emitir los servicios sociales municipales para poder iniciar muchos expedientes. Sin embargo, acceder a ese informe se ha convertido en un laberinto.

Para obtenerlo, los inmigrantes deben estar empadronados y contar con seguimiento de servicios sociales. Pero, a su vez, para lograr ese empadronamiento o ese acceso al sistema, se les exige una mínima estabilidad documental o residencial que muchos no pueden acreditar.

El resultado es un círculo vicioso: no pueden regularizarse sin informe, pero tampoco pueden conseguir ese informe sin estar ya dentro del sistema. Una “pescadilla que se muerde la cola” que está colapsando ayuntamientos y dejando en el limbo a personas en situación de exclusión.

A esto se suma la saturación de los servicios sociales, con citas que se retrasan durante semanas, y las dificultades de quienes carecen de vivienda fija para empadronarse, lo que agrava aún más el bloqueo.

El Ejecutivo canario busca ahora con cabildos y ayuntamientos unificar criterios, reforzar recursos y flexibilizar procedimientos para evitar que la regularización, concebida como una solución, termine convirtiéndose en un nuevo foco de desigualdad.

Claves del caos

Bucle administrativo: sin informe no hay papeles; sin papeles no hay informe. Empadronamiento imposible: sin domicilio fijo, no hay acceso al sistema. Servicios saturados: falta de personal y retrasos en citas. Desigualdad municipal: criterios distintos según el ayuntamiento. Miles fuera del proceso: riesgo de más exclusión social