La jueza ha decidido admitir a trámite la demanda presentada, en su día, por José Miguel Garrido, quien reclama casi 15 millones de euros a Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado González por el presunto incumplimiento del pacto de sindicación de acciones del CD Tenerife. La resolución se produjo tras la audiencia previa celebrada en Santa Cruz de Tenerife, en la que, lejos de archivarse el caso, la magistrada consideró que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento. El juicio ha quedado fijado para el 27 de febrero de 2027.

Un testimonio que marcó la vista

Uno de los momentos más relevantes de la sesión fue la aportación, por parte de la defensa de Garrido, de una declaración ante notario de un testigo clave, cuyo contenido sorprendió a las partes. Según lo expuesto, el testimonio describiría cómo se habría planificado la maniobra que desembocó en la salida de Garrido del control del club el 17 de diciembre de 2024. El documento, formalizado ante notario, aporta un valor probatorio relevante al tratarse de una declaración realizada bajo garantías legales, lo que refuerza su peso en la fase de instrucción y de cara al juicio fijado para febrero de 2027. El empresario sostiene que cumplió el acuerdo firmado con los otros accionistas y que su salida respondió a una actuación coordinada en contra de lo pactado.

Fuentes presentes en la sala apuntan que el contenido del testimonio sorprendió a todas las partes, al introducir elementos no expuestos hasta ahora en el procedimiento y que podrían resultar determinantes para acreditar la existencia de una actuación coordinada entre los demandados: Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado González.

Reclamación solidaria

La demanda plantea una reclamación económica que, en caso de prosperar, obligaría a los tres empresarios a hacer frente al pago de manera solidaria. Tras aquellos hechos, la gestión del club pasó a manos de Rayco García, actual máximo accionista de la entidad.

Con la admisión a trámite, se abre ahora un periodo de preparación que se prolongará hasta febrero de 2027, donde ambas partes presentarán sus pruebas y testigos en un proceso que puede tener importantes consecuencias tanto económicas como en el futuro accionarial del CD Tenerife.

Este movimiento refuerza la estrategia de Garrido en su reclamación de casi 15 millones de euros, una cantidad que solicita sea asumida de forma solidaria por los tres empresarios si finalmente son condenados.