El intento de proteger el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife ha dado un giro clave. La ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias ha rechazado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en el marco de un expediente que el Cabildo se vio obligado a iniciar por orden judicial.

El procedimiento, que nació sin consenso político y con informes contradictorios sobre el valor patrimonial de la escultura, queda ahora seriamente tocado tras el criterio de los técnicos. El dictamen cuestiona que la obra reúna los requisitos necesarios para ser protegida, debilitando la vía que buscaba blindarla.

Aunque la decisión no supone el cierre definitivo del expediente, sí marca un punto de inflexión en un caso que mezcla justicia, patrimonio y memoria histórica, y, por supuesto, un potente debate social en torno a uno de los símbolos más controvertidos de la capital chicharrera.