El Ejecutivo autonómico busca el respaldo de Moncloa para que Bruselas avale medidas que limiten la compra de vivienda por parte de foráneos en un mercado cada vez más tensionado.

Canarias da un paso más en su estrategia para frenar la presión sobre el mercado inmobiliario y proteger el acceso a la vivienda de los residentes. El Gobierno autonómico ha activado la vía europea con el objetivo de que la Unión Europea autorice medidas que permitan poner coto a la compra de casas por parte de no residentes, una práctica en auge en el archipiélago.

La iniciativa, abordada en el Parlamento de Canarias, parte de un dato clave: en torno a un tercio de las operaciones inmobiliarias en las islas están protagonizadas por compradores foráneos. Una realidad que, según el Ejecutivo, está contribuyendo a disparar los precios en un territorio limitado, con escasez de suelo y una oferta insuficiente para atender la demanda.

A este escenario se suma el crecimiento poblacional sostenido —cifrado en unas 20.000 personas al año— y la falta de vivienda disponible, factores que han llevado al Gobierno a hablar abiertamente de una situación de emergencia habitacional.

El consejero Pablo Rodríguez defendió la necesidad de articular herramientas legales específicas, amparadas en la condición de región ultraperiférica, que permitan introducir restricciones al mercado sin vulnerar la normativa comunitaria. Para ello, el Ejecutivo considera imprescindible el apoyo del Gobierno central y la apertura de un debate en Bruselas que siente las bases jurídicas de estas limitaciones.

Canarias mira así a Europa para intentar replicar modelos ya aplicados en otros territorios con alta presión inmobiliaria, con el objetivo de equilibrar el mercado y garantizar el acceso a la vivienda a la población residente.

Datos

Un 33% de las compras, en manos de no residentes. Más 20.000 habitantes al año incrementan la demanda. Escasez de suelo y falta de vivienda tensionan los precios. Canarias busca aval legal de la UE para limitar operaciones.