El Gobierno de Canarias ha confirmado en sede parlamentaria que 29 locales de juego abrieron sin respetar la distancia mínima de 300 metros respecto a centros educativos, una limitación en vigor desde enero de 2024. El dato, aportado por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, sitúa el debate en un punto intermedio: la necesidad de proteger a los menores sin eliminar de raíz una actividad económica legal.

La mayoría de los casos se concentran en Gran Canaria, aunque también hay establecimientos en Tenerife, La Palma y Fuerteventura. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha iniciado expedientes de cierre, al tiempo que defiende la seguridad jurídica de la norma y su aplicación retroactiva para evitar vacíos legales.

Más allá de la sanción, el Gobierno trabaja en un nuevo decreto que busca ordenar el sector, reforzando los controles de acceso, ampliando distancias entre locales y limitando licencias. El enfoque, según trasladan desde el Ejecutivo, pasa por educar, prevenir y controlar, especialmente entre los más jóvenes, sin obviar el peso económico de una actividad regulada.

El reto ahora está en encontrar ese equilibrio: proteger sin prohibir, ordenar sin asfixiar, en un sector que genera empleo pero que exige vigilancia constante.