Las organizaciones empresariales de las dos capitales canarias han reaccionado con enorme preocupación ante el riesgo de que Canarias pierda más de 240 millones de euros de los fondos europeos Next Generation destinados a proyectos de descarbonización y energías renovables. Tanto Femepa, en la provincia de Las Palmas, como Femete, en Santa Cruz de Tenerife, consideran que la situación puede convertirse en “un golpe durísimo” para la economía industrial del Archipiélago.

Las patronales del metal aseguran que detrás de estas ayudas hay miles de empleos cualificados, empresas instaladoras, ingenierías y proyectos estratégicos ya comprometidos. El sector calcula que la paralización o pérdida de esos fondos podría afectar directamente a más de 3.000 puestos de trabajo vinculados a la transición energética en Canarias.

Desde ambas provincias se insiste en que los actuales plazos impuestos por Europa y gestionados por el Estado dificultan seriamente ejecutar las inversiones previstas, especialmente en territorios ultraperiféricos como Canarias, donde los suministros, el transporte y la burocracia ralentizan los procesos.

El empresariado canario reclama ahora una reacción inmediata del Gobierno central y de Bruselas para flexibilizar los plazos y evitar que cientos de millones destinados al Archipiélago terminen perdiéndose. Las patronales advierten de que no solo está en juego dinero europeo, sino parte del futuro industrial y energético de Canarias.