El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un auténtico operativo de emergencia para intentar salvar cerca de 240 millones de euros destinados a proyectos de descarbonización y transición energética después del “no” de Bruselas a ampliar los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation.

Tal y como adelantó La Gaceta de Canarias, el temor en el sector económico y empresarial es enorme. Las patronales isleñas llevan días trasladando su preocupación por el posible impacto que tendría perder unos recursos considerados estratégicos para el futuro energético de las Islas. El malestar también apunta hacia el Gobierno de España, al que diferentes voces empresariales reprochan no haber defendido con suficiente contundencia ante la Unión Europea la realidad ultraperiférica de Canarias y las dificultades añadidas que supone ejecutar grandes proyectos en un territorio fragmentado.

La Consejería de Transición Ecológica trabaja ahora junto al Ministerio de Hacienda para encontrar vías alternativas de financiación que permitan mantener vivos proyectos ya adjudicados e incluso algunos que se encuentran en plena ejecución. Entre las causas del bloqueo aparecen la lentitud burocrática, el incremento de costes en materiales y obras, la complejidad técnica de varias actuaciones y los retrasos administrativos acumulados en los últimos años.

La situación afecta directamente a iniciativas vinculadas a renovables, geotermia, eficiencia energética y modernización de infraestructuras estratégicas. En el sector energético crece el miedo a que Canarias pierda una oportunidad histórica para acelerar su soberanía energética y reducir su dependencia exterior.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico intenta salvar “hasta el último euro” en una negociación marcada por la tensión política y el reloj en contra.