La muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante una persecución marítima a una narcolancha frente a las costas de Huelva ha desatado una tormenta política y un profundo malestar dentro del propio instituto armado. Asociaciones profesionales, sindicatos policiales y partidos de la oposición cargan ya contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusan de mantener a los agentes “sin medios suficientes” frente al avance del narcotráfico en el sur de España.

El suceso ocurrió durante una operación contra una embarcación vinculada al narcotráfico. Dos patrulleras de la Guardia Civil participaron en una persecución a alta velocidad en condiciones complicadas hasta que se produjo un choque entre embarcaciones que terminó con la muerte de dos agentes y dejó además varios heridos. El impacto ha generado una enorme conmoción dentro del cuerpo y ha vuelto a poner el foco sobre la presión creciente que ejercen las mafias del narco en las costas andaluzas.

La polémica se disparó después de que asociaciones de guardias civiles criticaran públicamente la gestión del Ministerio del Interior y la ausencia de Marlaska en algunos actos posteriores al fallecimiento de los agentes. Desde distintos colectivos se ha hablado directamente de “abandono institucional” y de falta de inversión en embarcaciones modernas, chalecos adecuados y refuerzos humanos para combatir a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas.

Mientras tanto, el ministro defendió la actuación de Interior y calificó lo sucedido como un “trágico accidente” producido en medio de una operación de alto riesgo. Marlaska aseguró además que actualmente existen más medios y efectivos destinados a la lucha contra el narcotráfico que en etapas anteriores, aunque esas declaraciones han provocado todavía más indignación entre representantes de la Guardia Civil.

El choque político ha sido inmediato. PP y Vox han elevado el tono contra el Gobierno central y han vinculado el suceso con el incremento de la actividad de las narcolanchas en el litoral andaluz durante los últimos años. Varias voces de la oposición han pedido incluso la comparecencia urgente del ministro en el Congreso para explicar las condiciones operativas en las que trabajan los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico.

La situación también ha reabierto el debate sobre la declaración de profesión de riesgo para policías nacionales y guardias civiles, una reclamación histórica de los cuerpos de seguridad que vuelve a cobrar fuerza tras esta tragedia. Asociaciones profesionales sostienen que los agentes trabajan en escenarios cada vez más peligrosos frente a organizaciones criminales que mueven millones de euros y cuentan con embarcaciones de gran potencia capaces de superar ampliamente a muchos medios policiales.

La muerte de los dos agentes ha provocado además una fuerte ola de apoyo ciudadano hacia la Guardia Civil y numerosos mensajes de solidaridad desde diferentes puntos del país. El caso se ha convertido en una de las principales crisis políticas y de seguridad de las últimas semanas en España, con el narcotráfico nuevamente situado en el centro del debate nacional.