El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre uno de los asuntos más sensibles del empleo público en España y ha dejado claro que encadenar contratos temporales durante años no convierte automáticamente a un interino en funcionario fijo si no ha superado previamente una oposición o un proceso selectivo.

La resolución, conocida este martes, supone un importante giro jurídico para miles de trabajadores públicos que reclamaban estabilidad tras años —e incluso décadas— en situación de temporalidad dentro de administraciones, hospitales, colegios y universidades públicas.

El Alto Tribunal sostiene que otorgar la condición de fijo sin oposición chocaría directamente con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público. Es decir, reconoce el posible abuso de temporalidad por parte de las administraciones, pero considera que la solución no puede ser convertir automáticamente en funcionarios a quienes nunca superaron un proceso oficial de acceso.

Eso sí, la sentencia también abre la puerta a compensaciones económicas e indemnizaciones para aquellos trabajadores afectados por el abuso de contratos temporales sucesivos.

La decisión llega después de años de movilizaciones de colectivos de interinos y tras varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el elevado nivel de temporalidad existente en el sector público español.

El fallo ya ha provocado reacciones sindicales y políticas en toda España y amenaza con reactivar el debate sobre cómo reducir la precariedad laboral dentro de las administraciones públicas sin romper el modelo constitucional de acceso al funcionariado.