La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció este martes en el Parlamento autonómico que el Ejecutivo regional estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el nuevo sistema de financiación de la dependencia, al considerar que perjudica gravemente al Archipiélago.

Según explicó Delgado, la aplicación del nuevo modelo supondrá para Canarias una pérdida de 12,4 millones de euros. La responsable autonómica considera que el criterio aprobado por el Estado “penaliza” precisamente a las comunidades que han logrado mejorar sus indicadores de atención a personas dependientes.

“No estamos hablando de un ajuste técnico menor, sino de una injusticia grave que perjudica a las personas dependientes de Canarias. Nuestra obligación es defender los intereses de esta tierra en todas las instancias necesarias, incluidas las judiciales”, afirmó durante su intervención parlamentaria.

La consejera criticó especialmente la introducción de un nuevo “factor de corrección del 10 %” en el reparto del denominado nivel acordado, una medida que, según sostuvo, reducirá en un 32,3 % la financiación que correspondería a Canarias en función de la evolución de sus datos. A juicio del Ejecutivo autonómico, esto convierte a las Islas en “la comunidad autónoma más perjudicada de España”.

Durante el debate, Delgado defendió que Canarias ha experimentado una mejora “objetiva y medible” en el sistema de dependencia en los últimos meses. Entre los datos aportados, destacó que el tiempo medio de resolución de expedientes ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 354 días en la actualidad, lo que representa una reducción de 428 días.

Además, aseguró que en el primer trimestre del año la lista de espera descendió en 1.911 personas y que el llamado limbo de la dependencia cayó un 5,1 %, el mayor descenso registrado a nivel nacional.

La consejera también subrayó que Canarias lidera el crecimiento estatal tanto en número de beneficiarios con prestación, con un incremento del 13 %, como en personas con derecho reconocido, que aumentaron un 5,4 %, por encima de la media del país.

“Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, sostuvo Delgado, quien acusó además a la oposición de mantener “una caricatura permanente” sobre la situación de la dependencia en las Islas pese a la evolución positiva de los indicadores.

En su intervención, la titular regional de Bienestar Social recordó igualmente que la Ley de Dependencia establece que el Estado debe asumir el 50 % de la financiación del sistema, un compromiso que, según afirmó, “sigue sin cumplirse”.

“Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo. Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”, concluyó.