La batalla judicial por el futuro del puerto de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, da un giro clave. Un juzgado ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Cementos Especiales de las Islas (CEISA) y paraliza, por ahora, el desmantelamiento de las instalaciones portuarias hasta que exista una sentencia firme sobre el conflicto.

La decisión supone un importante balón de oxígeno para la cementera, que defendía la continuidad de la infraestructura como pieza estratégica para su actividad industrial y logística en Gran Canaria. La empresa había advertido del impacto económico y laboral que tendría una demolición inmediata del puerto sin una resolución definitiva de los tribunales.

El auto judicial evita así actuaciones irreversibles mientras continúa el procedimiento, en un caso que enfrenta intereses empresariales, urbanísticos y medioambientales en una de las zonas más sensibles del sur de la isla. El puerto de Santa Águeda lleva años en el centro de la polémica por los planes de transformación del litoral y los debates sobre el modelo de desarrollo turístico y económico de la zona.

La resolución judicial no entra aún en el fondo del asunto, pero sí marca un punto de inflexión al impedir que se ejecuten trabajos de demolición antes de que concluya el litigio. El caso seguirá ahora su recorrido en los tribunales mientras crece la expectación política y empresarial sobre el desenlace definitivo.