El Juzgado Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a indemnizar con 288.117,30 euros más intereses al Egatesa Tenerife tras bloquear las obras previstas en el campo de fútbol de La Palmera, en San Isidro, durante el mandato municipal presidido por la entonces alcaldesa socialista Jennifer Miranda. El proyecto estaba vinculado a una subvención estatal superior a 1,3 millones de euros para adaptar las instalaciones al fútbol femenino de élite.

La sentencia considera acreditado que el consistorio generó una “confianza legítima” en el club al firmar en 2022 un convenio que autorizaba el uso preferente del estadio y permitía ejecutar mejoras financiadas por el Consejo Superior de Deportes. Sin embargo, tras el cambio político producido después de las elecciones municipales de 2023, la nueva Junta de Gobierno Local terminó denegando las obras alegando incompatibilidad con el uso del recinto por otros colectivos deportivos.

El fallo judicial sostiene que esa decisión provocó un perjuicio económico directo al Egatesa Tenerife, que ya había cobrado la subvención, iniciado trámites urbanísticos y adquirido material para las reformas, incluido césped artificial valorado en más de 224.000 euros. Además, el club tuvo que devolver la ayuda pública y asumir más de 63.000 euros en intereses.

El magistrado aprecia un cambio de criterio administrativo que frustró la adaptación del estadio a las exigencias de la Primera División femenina, pese a que el Ayuntamiento conocía desde el inicio el alcance del proyecto deportivo y las necesidades técnicas de las instalaciones.