El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, defendió este miércoles en el Parlamento de Canarias unos presupuestos autonómicos que, según aseguró, están “centrados en la seguridad hídrica y la puesta en marcha de la futura Agencia Canaria de Emergencias”.
Sin embargo, el margen económico de su departamento es limitado: apenas el 0,94% de los 12.491 millones de euros previstos en las cuentas regionales para 2026. En total, la consejería gestionará 111 millones de euros, de los que más de la mitad se destinarán a actuaciones vinculadas al ciclo del agua, como desaladoras, depuradoras y redes de distribución.
Miranda anunció además una dotación inicial de 500.000 euros para la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, que calificó como un instrumento esencial “para coordinar la respuesta ante catástrofes naturales y fenómenos climáticos extremos”.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. Un diputado socialista ironizó que, “con este dinero, no da ni para llenar un aljibe”, acusando al Ejecutivo de “vender grandes titulares mientras mantiene la infrafinanciación en áreas estratégicas”. Otros grupos parlamentarios coincidieron en que las cuentas “no alcanzan para responder a los desafíos del cambio climático, la sequía o la ordenación del territorio”.
Entre las principales obras previstas figuran la desaladora de Valle Gran Rey (La Gomera), la impulsión Arucas-Teror (Gran Canaria) y los trabajos de saneamiento en El Paso (La Palma). Todas ellas se enmarcan en el objetivo del Gobierno regional de “garantizar la seguridad hídrica y territorial del Archipiélago”.
Pese a las críticas, Miranda defendió la planificación de su área asegurando que la consejería “avanza con pasos firmes y realistas” y subrayó que “la seguridad del agua y de las personas no se mide en porcentajes, sino en resultados”.
