La política española atraviesa una de esas etapas en las que el ruido termina por devorar la conversación pública. Polarización, inestabilidad y bloqueo conforman hoy el paisaje dominante de un debate a escala estatal que parece incapaz de escapar del enfrentamiento permanente. El problema no es únicamente el tono. El verdadero problema es que España se ha instalado en un monotema político construido sobre la confrontación, sobre la lógica del escándalo continuo y sobre la necesidad de convertir cada jornada en una batalla cultural o partidista. Mientras tanto, los grandes desafíos del país –la vivienda, la productividad, el envejecimiento demográfico, la inmigración, la transición energética o la cohesión territorial– quedan desplazados a un segundo plano. Canarias no es ajena a esa dinámica. Ni mucho menos.
Lo preocupante es que esta polarización ya no se limita a Madrid. La política estatal ha terminado por absorber también el debate autonómico, colonizando campañas electorales que deberían girar alrededor de los problemas concretos de cada territorio. Las recientes elecciones celebradas en Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía han dejado una evidencia difícil de discutir: se habló más de los escándalos del PSOE, de Pedro Sánchez, de Vox o de las alianzas nacionales del PP que de los asuntos específicos de esas comunidades autónomas. Las necesidades reales de esos territorios quedaron sepultadas bajo la avalancha de la política dictada desde Madrid.
Ese fenómeno tiene consecuencias especialmente delicadas para Canarias. Porque las Islas poseen una realidad singular, unas prioridades propias y unos desafíos estructurales que exigen un debate político diferenciado. Canarias necesita hablar de inmigración desde su condición fronteriza; del reto demográfico ligado al turismo; de la vivienda y la presión residencial; del agua como bien escaso; de la dependencia económica del exteriory el riesgo de crisis sistémicas en el ámbito geopolítico; de la conectividad aérea y marítima; de la diversificación; de la pobreza estructural; de la sostenibilidad energética; del REF; de la financiación autonómica o de la fragilidad territorial derivada de la doble insularidad. Sin embargo, cada vez resulta más difícil centrar la conversación pública en esas cuestiones. La dialéctica política estatal pasa por encima como un tsunami que todo lo arrastra. Hay quien lo prefiere, pero no es ese el mejor contexto para el pleno despliegue del autogobierno en mayoría de edad, que es lo que se merece una sociedad que ya ha interiorizado el modelo autonómico.
La consecuencia de todo ello es evidente: el debate político canario corre el riesgo de convertirse en una mera sucursal de la confrontación madrileña. Y eso supondría un empobrecimiento democrático para las Islas. Canarias merece disponer de sus propios tiempos políticos, de sus propias prioridades y de un espacio propio para discutir su futuro sin quedar atrapada en la lógica binaria que domina la política española.
Por eso conviene abrir un debate que hasta hace pocos años ni siquiera existía jurídicamente: la posibilidad de separar el calendario electoral canario del calendario estatal. No se trata de una hipótesis extravagante, ni tampoco de una ocurrencia táctica. Desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, Canarias dispone de un instrumento político de enorme relevancia institucional. El artículo 56 permite la disolución anticipada del Parlamento de Canarias y la convocatoria de elecciones autonómicas antes del final ordinario de la legislatura. Es decir, Canarias puede decidir su propio tiempo político. Es decisión de sus gobernantes.
Durante décadas, las elecciones autonómicas y locales han coincidido en mayo bajo una lógica de sincronización que parecía natural. Pero el contexto político español ha cambiado profundamente. La polarización permanente ha transformado las campañas electorales en plebiscitos nacionales donde apenas queda espacio para los debates territoriales. Y todo apunta a que esa dinámica puede intensificarse aún más. Porque existe un escenario particularmente inquietante: que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, decida hacer coincidir las próximas elecciones generales con las autonómicas y municipales en una especie de “todo o nada” político. Si eso ocurre, la campaña quedaría completamente absorbida por la confrontación estatal. Canarias desaparecería mediáticamente durante semanas bajo el peso de una batalla política estatal extrema. Los partidos canarios quedarían arrastrados por esta dinámica, que es como una trituradora de ideas, y las cuestiones específicas de las Islas serían prácticamente invisibles.
En ese contexto, la posibilidad de un adelanto electoral autonómico adquiere otra dimensión. Tenemos claro que no existen razones de gestión que lo hagan necesario. El Gobierno canario mantiene estabilidad parlamentaria suficiente y no hay una crisis institucional que obligue a mover el calendario. Pero sí existen razones políticas de fondo que merecen ser consideradas. La principal es precisamente la necesidad de preservar espacio propio para el debate político canario.
El llamado “modo canario” de hacer política –basado en una mayor capacidad de acuerdo, en la moderación y en una cultura más pragmática del pacto– necesita también un entorno adecuado para desarrollarse. Resulta difícil defender esa singularidad política mientras las campañas electorales quedan completamente subordinadas a la tensión a escala estatal. La política canaria no puede aspirar a construir consensos sobre asuntos estratégicos si toda la conversación pública termina reducida a una réplica de las trincheras madrileñas.
Separar las elecciones autonómicas permitiría, al menos parcialmente, recuperar el foco sobre Canarias. Obligar a hablar de Canarias. Situar durante unas semanas los problemas reales de las Islas en el centro de la agenda. Exigir propuestas concretas sobre vivienda, movilidad, energía, turismo, servicios públicos o desarrollo económico. Y permitir que el electorado valore proyectos específicamente pensados para el Archipiélago, no únicamente posicionamientos respecto a la batalla política nacional. No se trata de blindar Canarias frente a España ni de construir una excepción artificial. Canarias forma parte plenamente de la realidad política española y sus dinámicas seguirán influyendo inevitablemente. Pero una cosa es la influencia y otra muy distinta la absorción total del debate público. Y hoy ese riesgo es evidente.
Esta semana, el vicepresidente del Gobierno de Canarias afirmaba en Radio Marca Tenerife que el Ejecutivo autonómico no ha debatido esta cuestión. Probablemente sea cierto. Pero quizá haya llegado el momento de ponerla sobre la mesa. No como un movimiento táctico inmediato, sino como una reflexión institucional seria sobre la calidad democrática del debate político en Canarias y sobre la necesidad de preservar un espacio propio para la política autonómica. En última instancia, la decisión corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno de Canarias. La disolución anticipada del Parlamento es una prerrogativa presidencial y nadie más puede ejercerla. Precisamente por eso, la cuestión merece una reflexión sosegada, alejada de los cálculos partidistas inmediatos. Porque el verdadero debate no es cuándo conviene votar. El verdadero debate es si Canarias puede permitirse seguir perdiendo su voz propia bajo el estruendo de la polarización.