La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado inicio este jueves al juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en una causa que investiga presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz. El arranque del proceso ha estado rodeado de una enorme presión mediática y de un fuerte choque entre acusaciones, Fiscalía y defensas.

David Sánchez está acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por la creación de una plaza pública vinculada a los conservatorios provinciales en 2017. Las acusaciones sostienen que el puesto habría sido diseñado específicamente para él, extremo que las defensas niegan de forma tajante.

La primera jornada se centró en las cuestiones previas. La defensa del hermano del presidente pidió la nulidad total de la causa al considerar que la investigación nació “contaminada” y basada en una “búsqueda indiscriminada de delito”. Además, denunció un supuesto trasfondo político en todo el procedimiento judicial.

Por su parte, la Fiscalía mantuvo una posición diferenciada respecto a las acusaciones populares y pidió excluir parte de los delitos inicialmente atribuidos al considerar que algunos podrían haber prescrito. Aun así, el juicio seguirá adelante mientras el tribunal decide sobre las peticiones de nulidad planteadas.

La llegada de David Sánchez a la Audiencia se produjo por un acceso alternativo para evitar el fuerte despliegue mediático instalado desde primera hora en los alrededores del edificio judicial. Junto a él también comparecen el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, además de otros investigados relacionados con el proceso de contratación.

El procedimiento judicial se prolongará previsiblemente hasta la próxima semana y se ha convertido ya en uno de los asuntos con mayor impacto político de la legislatura al afectar directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno.