La reforma de la Ley de Integridad Pública ha provocado un choque frontal entre el Gobierno y el Consejo General del Notariado. Los notarios denuncian que los cambios previstos reducen su papel en determinadas operaciones societarias y advierten de que la medida supone un golpe a uno de los sistemas preventivos más eficaces contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la corrupción.

El colectivo sostiene que durante décadas ha actuado como una primera línea de control, identificando a los verdaderos titulares de las operaciones y comunicando movimientos sospechosos a las autoridades competentes. A su juicio, sustituir estos controles por procedimientos más ágiles pero menos garantistas puede abrir grietas en la vigilancia de los delitos económicos.

La polémica llega en un momento de máxima sensibilidad política sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción. Mientras el Gobierno defiende la modernización y simplificación administrativa, los notarios alertan de que se está desmontando una herramienta que ha permitido rastrear operaciones vinculadas al blanqueo, las sociedades pantalla y el ocultamiento patrimonial.

“No se puede combatir la corrupción eliminando controles”

El notariado sostiene que jueces, fiscales y fuerzas de seguridad recurren habitualmente a la información generada por las escrituras públicas y los controles preventivos para seguir el rastro del dinero en investigaciones de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Según denuncian, la reforma supone “un paso atrás” en materia de seguridad jurídica y transparencia.