La UCO pone el foco en tres rescates empresariales vinculados al País Vasco y rastrea posibles pagos a la trama de la SEPI

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre presuntas comisiones y pagos vinculados a rescates empresariales aprobados durante la pandemia a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las pesquisas se centran ahora en varias operaciones realizadas en el País Vasco y en la posible existencia de mediaciones económicas para facilitar ayudas públicas a compañías consideradas estratégicas.

Según las investigaciones conocidas, los agentes analizan movimientos económicos relacionados con empresas que recibieron importantes inyecciones financieras del Estado, entre ellas la siderúrgica Tubos Reunidos, que obtuvo más de 112 millones de euros. La UCO sospecha que parte de estas operaciones pudieron estar acompañadas de pagos a intermediarios con capacidad de influencia en organismos públicos.

La investigación también examina la actuación de empresarios y antiguos responsables públicos relacionados con la denominada “trama SEPI”, una causa que ha derivado en registros, requerimientos de documentación y nuevas diligencias judiciales. Este mismo miércoles, la Guardia Civil registró sedes de Tubos Reunidos en Bilbao y Amurrio por orden de la Audiencia Nacional dentro de una pieza separada del denominado “caso Leire”.

Aunque por el momento no existen condenas ni conclusiones definitivas, la causa continúa ampliándose y amenaza con añadir más presión política sobre el Gobierno central y sobre algunas de las operaciones de rescate aprobadas durante la crisis sanitaria.

El rescate de Tubos Reunidos, en el centro de las pesquisas

La operación más relevante investigada es la ayuda de 112,8 millones de euros concedida a Tubos Reunidos en 2021. Los investigadores analizan si determinadas gestiones de intermediación pudieron generar pagos superiores a los 100.000 euros a personas relacionadas con la denominada trama de la SEPI. La Audiencia Nacional ha ordenado nuevos registros y la Guardia Civil ha solicitado documentación tanto a la empresa como a la propia SEPI para aclarar el alcance de las operaciones investigadas.