El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado, a través de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y fondos europeos, la creación de dos centros de detención para migrantes en Mauritania, ubicados en Nouakchott y Nouadhibou.
Diversas ONG denuncian que estas instalaciones operan como “cárceles migrantes”, donde se retiene a hombres, mujeres y menores con bebés en condiciones precarias, sin asistencia jurídica ni supervisión internacional. La medida forma parte de la estrategia de Sánchez para externalizar el control migratorio y frenar las rutas hacia Canarias.
La oposición y colectivos humanitarios acusan al Ejecutivo de lavar su conciencia humanitaria mientras paga por encerrar migrantes en África, y reclaman explicaciones por la falta de transparencia sobre el destino de los fondos y el papel de España en estas detenciones fuera de la Unión Europea.
