La reciente divulgación del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que examina el papel del ex presidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en los contratos de mascarillas y test durante la pandemia de Covid-19 arroja una doble sensación: por un lado, produce cierto alivio, porque, como ha señalado el propio Torres, el extenso documento no le atribuye formalmente la posible comisión de ningún delito; por otro, plantea una inquietante sombra de preguntas sin responder. En ese complejo escenario es justo donde nos situamos.
En su comparecencia, Ángel Víctor Torres defendió con determinación que no existe “actividad delictiva” en su actuación, que no hubo “mordidas ni señoritas de compañía”, y que el informe no reclama al juez que le impute. Es la parte de este asunto, muy desagradable, por cierto, que más ha afectado al ministro canario por atacar directamente a su reputación no solo política, sino también personal e incluso familiar. Tales acusaciones, formuladas por el comisionista Víctor de Aldama, no se sostienen con los hechos conocidos hasta ahora, y no deberían ser utilizadas en la refriega política que envuelve al caso de las mascarillas.
La satisfacción de Ángel Víctor Torres al ver aclarado este apartado es lógica, pero no podemos tampoco considerar que, una vez descartado un beneficio personal para él en esta deplorable trama ya no hay más explicaciones que reclamar. Las hay, y tienen que ver con el procedimiento a través del cual una serie de personas con acceso directo a las estructuras del poder obtuvieron un beneficio económico sustancioso (más de 12 millones de euros en contratos con el Gobierno de Canarias) al mismo tiempo que el mundo afrontaba una pandemia mortífera y se relajaban por ello los procedimientos de compra por las administraciones de un material sanitario que en aquellos meses se convirtió en un bien muy demandado y excepcionalmente caro. Por tanto, aquí no acaba el asunto. Porque en política, como en la vida, no basta con que algo no sea delito: también importa cómo se hizo, quién pudo entrar, con qué influencias, y la claridad con que los responsables rinden cuentas. Aquí es exigible algo más de claridad por el ministro.
El informe de la UCO sí pone de relieve que Torres, en su etapa como presidente de Canarias, se mantuvo en contacto frecuente con el entonces asesor ministerial Koldo García, en conversaciones por WhatsApp, y que le prometió agilizar los pagos de las mascarillas recibidas por el Gobierno autonómico durante aquellos meses fatídicos. Lo hizo con un lenguaje que revela una indudable familiaridad entre ambos, y también, en algunas ocasiones, con un tono que podría haberse ahorrado incluso en aquellas circunstancias cuya dificultad nadie niega. Este tipo de expresiones, como por ejemplo las relacionadas con el pago de las facturas, además de poco decorosas para un cargo público, revelan un grado de implicación personal en un proceso que debería haber estado gestionado de modo estricto desde los cauces administrativos.
Pero lo que más llama la atención no es únicamente el lenguaje, sino la dinámica: la facilidad con que la trama de Koldo García accedió al Gobierno de Canarias y, en concreto, a su máximo responsable. El informe apunta que García, todopoderoso asesor del turbio ministro José Luis Ábalos, pudo facilitar al no menos deplorable Víctor de Aldama el interlocutor adecuado en el Archipiélago y que Torres intervino para desbloquear pagos superiores a 7,5 millones de euros a la empresa adjudicataria de los contratos, pese a las objeciones de una alta funcionaria de la Consejería de Sanidad. Aquí se abre una grieta: ¿qué grado de supervisión, de control administrativo y de intercambio de información existía? A estas alturas aún resulta necesario aclarar, y en su caso desmentir, si la trama de Koldo recibió algún trato de favor en el proceso de compra del material sanitario; de hecho, es más importante aclarar esto, el cuándo y el cómo, que centrarnos en el procedimiento de un pago por un material que en efecto llegó y fue utilizado. Es una explicación que el ministro Torres aún le debe a la sociedad canaria.
Por otro lado, un político con la experiencia de Ángel Víctor Torres, con años de gestión pública, no puede alegar ingenuidad. Nos resulta inverosímil, y por ello también merece explicación, que en ningún momento percibiera que el interés de Koldo García por el abono de las facturas significaba algo más que el samaritanismo del intermediario de buena fe. En torno a la pandemia hubo personas que se enriquecieron de modo obsceno, también fuera de Canarias, y en todos los casos hay un nexo indeleble que merece repulsa: fue la facilidad de acceso a unos poderes públicos muy presionados por la necesidad del momento. Koldo no solo quería “ayudar”, como ha señalado de modo hipócrita en las comisiones de investigación a las que ha sido convocado: también quería obtener unos beneficios fabulosos aprovechando una situación trágica en Canarias, España y el mundo entero. Se nos acabarían los calificativos para definir esta actitud, y francamente nos sorprende que el ministro canario no detectara en este momento los auténticos fines de la trama.
Este medio, La Gaceta de Canarias, no se suma al espectáculo de demolición mediática de figuras políticas. No creemos que la política sea una feria de escarnio, ni que cada renglón torcido de un responsable público deba traducirse en su caída inmediata. Pero sí creemos, y así se lo decimos a nuestros lectores, que la responsabilidad pública exige explicación, transparencia, y, cuando proceda, disculpas. En este caso, creemos que Ángel Víctor Torres sí debe dar más explicaciones y sí debería pedir disculpas por algunas formas y actitudes. Se trataría de un acto de coherencia. Porque al margen del resultado formal del informe, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Cuando se permite que un asesor ministerial con ínfulas políticas y afán de lucro desmedido se cuele en los despachos de una comunidad como si aquello fuera suelo accesible lo que se debilita no es sólo la gestión concreta de un contrato, sino la idea de que la cosa pública se maneja con circunspección, con filtros suficientes, con rendición de cuentas. Es una cuestión de fondo, por encima de todo, pero también de formas.
En este medio aún joven nos hemos comprometido a contar y analizar lo que pasa. No estamos aquí para caer en la línea del todo vale ni en la caza de brujas; pero tampoco para brindar complacencia institucional. Exigimos lo mismo rigor para los cargos públicos de cualquier signo político que le exige usted, ciudadano, a su responsabilidad diaria: claridad, sinceridad, coherencia. En ese espíritu, esperamos que Ángel Víctor Torres asuma que su posición actual de ministro y secretario general del PSOE en Canarias no lo exime de rendir cuentas por lo que ocurrió mientras era presidente autonómico. Tampoco lo libera de la conveniencia de pedir disculpas por expresiones impropias ni de explicar con precisión cómo se produjo esa puerta tan expedita a la trama. Porque, al cabo, la política no es sólo asumir y en su caso celebrar que no se ha cometido un delito: también es garantizar que nunca se da la impresión de que el poder se abre con alfombra roja a quienes tengan los contactos adecuados. Esa puerta tiene que cerrarse, o al menos quedar con las bisagras a la vista de todos. Y, por supuesto, en La Gaceta de Canarias seguiremos a la espera de los posibles nuevos episodios que pueda deparar la investigación sobre esta indignante trama.
