La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha comparecido este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en una audiencia previa que marca el cierre de la fase de instrucción de la causa en la que está procesada junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La vista, convocada por el juez Juan Carlos Peinado, constituye el último trámite antes de la remisión del procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, donde deberá decidirse la celebración de un juicio con jurado por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Uno de los aspectos más destacados de la sesión es la petición que planteará la acusación popular, que solicitará la adopción de medidas cautelares para los tres procesados. En concreto, reclamará la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado cada quince días.
El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, encargado de coordinar las acusaciones populares, justificó esta petición al considerar que existe riesgo de fuga. A su llegada a los juzgados aseguró que «actualmente, con todos los conflictos judiciales que tiene el PSOE, es lógico que de alguna manera intenten evadirse (de la justicia), sobre todo Begoña Gómez».
La comparecencia de este lunes es la quinta ocasión en la que Gómez acude ante el magistrado desde que se abrió la investigación en abril de 2024. Como en ocasiones anteriores, accedió a la sede judicial por el garaje y llegó al juzgado de instrucción número 41 pasadas las 18.20 horas.
El juez había ordenado la presencia personal de los tres procesados al entender que la pena a la que podrían enfrentarse «podría provocar alguna conducta (…) tendente a eludir la acción de la Justicia». En la resolución también advirtió de que quienes no comparecieran podrían ser «conducidos por la fuerza pública».
Además de los investigados y sus respectivos abogados, a la audiencia estaban convocados representantes de la Fiscalía, de las acusaciones populares y de la Universidad Complutense de Madrid, personada en la causa como acusación particular al considerarse perjudicada por los hechos investigados.
Durante este trámite, las partes tienen la oportunidad de exponer nuevamente sus posiciones sobre el procedimiento antes de que concluya la instrucción. Asimismo, las acusaciones pueden plantear la adopción de medidas cautelares, cuya eventual aprobación se resolvería posteriormente en una vista específica.
De forma paralela, la decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, acordó mantener las mismas medidas organizativas aplicadas en anteriores comparecencias de Gómez. Entre ellas figura la entrada por el garaje de las dependencias judiciales y la limitación de acceso a la planta donde se encuentra el juzgado, atendiendo a una solicitud formulada por la Presidencia del Gobierno.