Sanidad negocia y busca un acuerdo con el sindicato médico para terminar con la huelga: guardias mejor pagadas, más personal y respetar los descansos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha instado a los convocantes de la huelga médica a poner fin a las movilizaciones tras presentar una batería de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales del colectivo, entre ellas una subida de las retribuciones de las guardias peor remuneradas, la reducción de ratios en Atención Primaria y la reorganización progresiva de las jornadas de 24 horas.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, defendió este miércoles que las propuestas planteadas responden a las demandas trasladadas por el Sindicato Médico Canario y apeló a los representantes de los facultativos para que valoren las medidas y suspendan los paros. Según afirmó, la continuidad de la huelga está teniendo un importante impacto tanto en la asistencia sanitaria como en los pacientes.

Desde el inicio del conflicto, en diciembre de 2025, se han aplazado alrededor de 1.400 intervenciones quirúrgicas, más de 57.000 consultas y cerca de 2.900 pruebas diagnósticas. De acuerdo con los datos facilitados por el SCS, las consecuencias económicas de estas cancelaciones ascienden a unos 150 millones de euros.

Entre las iniciativas presentadas por la Administración autonómica figura la mejora de los complementos vinculados a la carrera profesional y la modificación del régimen de descansos para favorecer una recuperación adecuada tras las guardias. Además, se estudia incrementar en torno a un 20 % la remuneración de aquellas guardias que actualmente se pagan a 23,90 euros la hora, una cifra que podría situarse entre los 27 y los 28 euros por hora, aunque el importe definitivo aún está pendiente de concretarse.

La reorganización de las guardias constituye otro de los ejes de la propuesta. Goya aseguró que «ha llegado el momento de modificar las guardias de 24 horas porque se dan las condiciones para reorganizar la actividad», si bien matizó que cualquier cambio deberá compatibilizarse con el mantenimiento de la asistencia sanitaria. «No podemos parar la sanidad», remarcó.

El responsable del SCS defendió que el Gobierno autonómico ha realizado un esfuerzo significativo para reforzar el sistema sanitario durante los últimos años. Según detalló, el presupuesto de la Consejería se ha incrementado en 1.040 millones de euros, mientras que el capítulo destinado al personal crecerá en 183 millones durante 2026. Asimismo, destacó que las retribuciones han aumentado un 1,5 % y que la plantilla médica se ha reforzado con 1.142 profesionales adicionales.

A estas incorporaciones se suman la creación de 342 nuevas plazas orgánicas, la contratación de 795 facultativos y la incorporación de 332 médicos internos residentes que completaron su formación en Canarias. Además, el proceso de estabilización laboral ha permitido consolidar alrededor de 3.000 plazas.

Durante la comparecencia, en la que estuvo acompañado por la consejera Esther Monzón, Goya sostuvo que el Ejecutivo regional ha mantenido un «diálogo constante» con los representantes de los trabajadores y lamentó que, a su juicio, no se haya reconocido suficientemente el trabajo desarrollado por la Administración para mejorar las condiciones del colectivo.

El director del SCS también vinculó el conflicto con la situación generada a nivel estatal por la negociación del nuevo Estatuto Marco y acusó al Ministerio de Sanidad de no haber alcanzado acuerdos con los convocantes de la huelga. En este contexto, afirmó que el Sindicato Médico Canario está «siguiendo el juego a la ministra» Mónica García.

Por otro lado, destacó que Canarias lidera actualmente el crecimiento de médicos colegiados en España, con un incremento del 7,4 %, un dato que considera reflejo de la capacidad de atracción de la comunidad autónoma para los profesionales sanitarios.

Finalmente, Goya señaló que la reorganización de las agendas y la recuperación de la actividad suspendida durante los meses de huelga se abordarán una vez finalice el conflicto, con el objetivo de reducir el impacto acumulado sobre consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas pendientes.