La investigación por la muerte de un migrante durante una travesía en neumática desde el Sahara hasta Gran Canaria se enfrenta a importantes obstáculos legales que podrían impedir que los hechos sean juzgados en España. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta implicación en el caso, aunque la Fiscalía de Extranjería de Las Palmas reconoce que existen serias dudas sobre la competencia de los tribunales españoles para procesarlos.

Los arrestados son un pasajero, acusado de haber provocado la caída al mar de otro ocupante tras una discusión durante el viaje, y el patrón de la embarcación, al que se atribuye no haber intentado auxiliar a la víctima después del incidente.

El caso se remonta a principios de mayo, cuando una neumática con 62 personas a bordo fue rescatada por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria. Días después, un ciudadano saharaui residente en Tenerife denunció ante la Policía que su hermano, Daha Mohemad Fadel Lehbib, de 35 años, había desaparecido durante la travesía. Según le trasladaron varios supervivientes, el hombre fue arrojado al mar tras mantener una disputa con otros ocupantes.

La versión de los testigos no es completamente coincidente. Mientras algunos sostienen que la víctima fue empujada de forma intencionada, otros aseguran que cayó al agua como consecuencia de una acción imprudente durante el altercado. En su comunicado, la Policía señala que «el fallecimiento se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes» y que, «como consecuencia del altercado, el migrante cayó al mar, continuando la embarcación su trayecto sin que se realizara ninguna maniobra para auxiliarlo».

Las dificultades para perseguir penalmente estos hechos radican en que ocurrieron en aguas internacionales, a bordo de una embarcación sin bandera y con implicados de nacionalidades extranjeras. En estas circunstancias, la legislación española limita considerablemente la capacidad de actuación de los tribunales nacionales.

La normativa permite a España ejercer jurisdicción sobre determinados delitos relacionados con la inmigración irregular cuando el destino final de la embarcación es territorio español. Gracias a ello, es habitual procesar a los patrones de pateras e incluso imputarles delitos derivados de las consecuencias directas de la travesía, como muertes por naufragio, ahogamiento o deshidratación.

Sin embargo, fuentes jurídicas subrayan que la jurisprudencia restringe esa competencia a los hechos vinculados directamente con la organización o conducción de la embarcación, lo que dificulta incluir otros delitos presuntamente cometidos entre los ocupantes durante el trayecto.

La fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, ya había advertido sobre este problema durante una visita de una delegación del Parlamento Europeo a Canarias en 2025. Entonces expuso la sensación de impotencia que generan casos similares, en los que existen testigos y pruebas, pero no herramientas legales suficientes para actuar. Entre los ejemplos citados figuraban agresiones sexuales denunciadas durante travesías o la muerte de un menor que, presuntamente, fue arrojado al mar por otros pasajeros para reducir el peso de una embarcación que se estaba desinflando.

Ante esta situación, García instó a promover reformas legislativas que permitan perseguir delitos cometidos en aguas internacionales durante las rutas migratorias hacia Europa.