La Audiencia de Cuentas de Canarias ha vuelto a poner el foco sobre uno de los mayores perjuicios económicos sufridos por la Administración autonómica en los últimos años: la devolución de más de 46 millones de euros a compañías eléctricas después de que varios expedientes sancionadores fueran anulados por problemas en su tramitación.

Durante su intervención en Despierta Canarias, el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, recordó que el caso continúa siendo objeto de análisis debido a la gravedad de las consecuencias económicas para las arcas públicas. El origen del problema se encuentra en una serie de sanciones impuestas a empresas del sector eléctrico que, según reflejan los informes de fiscalización, acabaron decayendo al tramitarse fuera de los plazos legalmente establecidos.

La anulación de las multas obligó posteriormente a devolver las cantidades cobradas, además de asumir los correspondientes intereses de demora, elevando la factura final por encima de los 46 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad corresponde a sanciones vinculadas a incidencias energéticas registradas en Canarias durante años anteriores.

Pacheco explicó que ahora corresponde determinar con exactitud qué ocurrió durante la gestión administrativa de aquellos expedientes y si existieron responsabilidades derivadas de la pérdida de los plazos. En este sentido, el asunto ha sido trasladado a los órganos competentes para esclarecer las circunstancias que llevaron a la prescripción de las sanciones y a la posterior devolución del dinero.

La Audiencia de Cuentas considera que este episodio pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y mejorar la capacidad administrativa de las instituciones públicas. El objetivo, subraya el organismo, es evitar que errores procedimentales o retrasos en la tramitación terminen costando decenas de millones de euros a los contribuyentes canarios.