Hay asuntos que ponen a prueba la verdadera naturaleza de las sociedades y de las instituciones. La inmigración es uno de ellos. Porque detrás de las cifras, de las estadísticas y de los reglamentos se encuentran siempre personas. Hombres, mujeres y niños que abandonan su tierra impulsados por la desesperación, por la falta de oportunidades o simplemente por la esperanza de una vida mejor. Y también pueblos y territorios que, como Canarias, viven en primera línea las consecuencias y las complejidades de ese fenómeno.

La entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo ha vuelto a situar este debate en el centro de la agenda. Se trata de una reforma extensa y compleja, con luces y sombras en su contenido (un total de nueve reglamentos), que busca establecer una respuesta común a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pero existe una preocupación legítima que en Canarias se percibe con especial intensidad: que la Unión Europea termine contemplando sus fronteras exteriores únicamente desde una perspectiva de seguridad, como una muralla que debe resistir, y no como un espacio en el que también deben preservarse los valores sobre los que se edificó el proyecto europeo.

Europa nació como una comunidad política basada en la dignidad de la persona, en el Estado de Derecho y en la defensa de las libertades. Sería una amarga paradoja que, precisamente en nombre de la seguridad, terminara alejándose de las convicciones que le dieron sentido. Y conste que no se trata de ignorar la realidad. Combatir las mafias que trafican con seres humanos, impedir las rutas ilegales y fortalecer la cooperación con los países africanos de origen y tránsito constituye una obligación moral y política. El cayuco no puede ser la puerta de entrada generalizada a Europa. Es una travesía mortal, un negocio para organizaciones criminales y una tragedia humana que debe ser evitada.

Pero tampoco puede aceptarse una lógica según la cual los territorios fronterizos queden condenados a afrontar en solitario las consecuencias de un fenómeno que afecta al conjunto del Viejo Continente. Canarias conoce demasiado bien esa sensación. La ha vivido durante años con la atención a los menores migrantes no acompañados y con la gestión de los miles de personas que alcanzan sus costas. Por fortuna, la corresponsabilidad entre comunidades autónomas en la acogida de menores ha comenzado, aunque con retrasos y dificultades, a abrir una vía de esperanza. Es una prueba de que la solidaridad no es una quimera y de que los problemas complejos exigen respuestas compartidas. Ese mismo principio debe extenderse a la gestión del conjunto de los flujos migratorios. A la Unión Europea le va mucho en ello, en la medida que una gestión inteligente de la inmigración también beneficia a unos países que tienen en la demografía menguante, el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra uno de sus desafíos estratégicos.

Sea como fuere, Canarias no puede convertirse en una inmensa sala de espera. No puede ser un territorio concebido para contener indefinidamente a quienes llegan por mar mientras Europa mira hacia otro lado. Sería una injusticia para los propios inmigrantes y también para una sociedad canaria que, a pesar de las dificultades, ha demostrado una capacidad de acogida y una sensibilidad humanitaria admirables. En este contexto, las palabras pronunciadas por el Papa León XIV durante su reciente visita a Canarias adquieren un significado especial. El Pontífice recordó que detrás de cada embarcación precaria hay un drama humano y que ninguna sociedad puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de quienes se juegan la vida en el océano. Sus serenas y sentidas palabras, que nos interpelaban a todos, no nacían de la ingenuidad ni del desconocimiento de la complejidad del fenómeno, sino de una convicción profundamente humanista: la defensa de la dignidad de las personas y la necesidad de combatir las causas que obligan a tantos seres humanos a emprender un viaje desesperado.

Y es precisamente esa mirada la que debería inspirar las políticas europeas. Una mirada que combine firmeza y humanidad, legalidad y solidaridad, cooperación internacional y responsabilidad compartida. Europa necesita gestionar la inmigración. Canarias también. Pero gestionar no significa levantar muros invisibles ni transformar las fronteras en almacenes humanos. Significa ordenar los flujos, combatir a las mafias, cooperar con los países de origen y garantizar que los principios que hicieron de Europa un espacio de libertad y de derechos sigan siendo reconocibles. Por eso Canarias reclama, y con razón, más altura de miras, más imaginación política y una mayor implicación del conjunto de Europa. Porque las fronteras exteriores no pertenecen únicamente a quienes las habitan. Son fronteras europeas. Y porque ninguna región debe ser condenada a convertirse en la sala de espera de un continente incapaz de afrontar con inteligencia y humanidad uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Eso es lo que debe defender España. Eso es lo que debe comprender Europa. Y eso es, sencillamente, lo que exige la propia conciencia europea. Por eso lo defendemos de estas líneas, que llaman a la reflexión y la acción de los poderes públicos.