El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este lunes si inicia un expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado por las afirmaciones incluidas en el auto en el que acordó enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, ha pospuesto la votación para permitir un debate presencial entre los miembros de la Comisión Permanente.

La reunión estaba prevista inicialmente por vía telemática durante la mañana de este domingo, pero finalmente la decisión se adoptará en un encuentro presencial convocado para primera hora del lunes. Según fuentes jurídicas, el análisis se centrará en determinar si las manifestaciones del magistrado pueden constituir una infracción disciplinaria por una posible «falta grave de consideración» hacia funcionarios de la Policía Judicial.

La polémica surge a raíz del auto dictado por Peinado, en el que acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y estableció como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

En esa resolución, el magistrado sostuvo que los agentes encargados de la escolta de Gómez podrían colaborar en una eventual fuga, ya fuera «por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos». Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata del Ministerio del Interior.

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó una queja formal ante la presidenta del CGPJ al considerar que las palabras del juez suponen un «grave cuestionamiento de la profesionalidad» de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El ministerio entiende que las sospechas expresadas por Peinado no solo afectan a los escoltas asignados a la protección de Gómez, sino también a toda la cadena de mando policial, al insinuar la posibilidad de que pudieran recibir órdenes contrarias a la legalidad.

La Comisión Permanente del CGPJ deberá pronunciarse ahora sobre si existen indicios suficientes para iniciar actuaciones disciplinarias contra el magistrado por el contenido de esas manifestaciones incluidas en la resolución judicial.