La Policía Local se rebela contra la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife ha abierto un inesperado frente con los sindicatos de la Policía Local. UGT, CSIF y CCOO han presentado alegaciones contra la ordenanza municipal al considerar que su aplicación tendrá un impacto directo sobre el funcionamiento del cuerpo y podría traducirse en una menor presencia de agentes en las calles de la capital.

Las organizaciones sindicales advierten de que el control de accesos, la gestión de autorizaciones, la supervisión de incidencias y las tareas derivadas del cumplimiento de la normativa obligarán a destinar efectivos policiales a nuevas funciones administrativas y de vigilancia. A su juicio, esos recursos saldrán de una plantilla que ya trabaja con limitaciones para cubrir todos los servicios demandados por la ciudadanía.

Los representantes de los trabajadores consideran que la prioridad debe ser reforzar la seguridad ciudadana y no incrementar la carga burocrática de los agentes. Por ello, han solicitado la suspensión de la tramitación de la ordenanza hasta que se evalúen sus consecuencias reales sobre la operatividad de la Policía Local y la atención diaria a los vecinos.

La polémica surge en un momento clave para el Ayuntamiento de Santa Cruz, que defiende la Zona de Bajas Emisiones como una obligación legal derivada de la normativa estatal y europea para reducir la contaminación y avanzar hacia una movilidad más sostenible. El proyecto afectará al centro urbano y establecerá restricciones progresivas a determinados vehículos.

Sin embargo, los sindicatos sostienen que cualquier medida de movilidad debe garantizar previamente que no se verá afectada la capacidad de respuesta policial. El conflicto amenaza ahora con convertirse en uno de los principales debates de la ordenanza antes de su aprobación definitiva.

La batalla ya está servida: mientras el Ayuntamiento habla de sostenibilidad y calidad del aire, los sindicatos ponen el foco en la seguridad y alertan de que la nueva regulación puede acabar restando policías donde más se necesitan, en las calles de Santa Cruz.