La implantación de parques eólicos marinos frente a la costa de Lanzarote podría suponer la instalación de aerogeneradores de entre 247 y 260 metros de altura, similares a la torre Eiffel, situados a una distancia de entre 1,7 y 1,8 kilómetros del litoral sur de la isla. Así se recoge en un informe encargado por la Fundación César Manrique, que plantea la necesidad de analizar en profundidad las consecuencias de estos proyectos antes de su desarrollo.

El estudio sostiene que, aunque «la transición energética es irrenunciable», su aceptación social dependerá de la forma en que se lleve a cabo. En este sentido, advierte de que «la legitimidad dependerá de cómo y dónde se hace y de que nadie pague un precio desproporcionado para que otros cobren el beneficio».

El documento, elaborado por el Grupo de Bioeconomía, Recursos Naturales y Economía Ecológica de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por Rosa María Regueiro, fue presentado este jueves en la sala José Saramago bajo el título Diagnóstico potencial del desarrollo eólico integral en las Islas Canarias y, en particular, en la isla de Lanzarote. En él se analiza tanto el desarrollo de la eólica terrestre como la marina y las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), además de los espacios definidos por los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

Entre sus principales conclusiones, el informe recomienda como medida «necesaria y urgente» la realización de un estudio científico que permita conocer las afecciones sobre el entorno, la flora y la fauna, con el objetivo de evaluar «el impacto global del negocio eólico».

Los autores consideran que las áreas propuestas para la eólica marina coinciden con zonas de elevada actividad pesquera y alertan de que «la flota artesanal es invisible en los mapas oficiales». A su juicio, esta planificación podría afectar a un sector estratégico para la isla, además de repercutir sobre la pesca recreativa y distintas actividades deportivas vinculadas al mar.

El documento también pone el foco en el reparto de costes y beneficios del modelo planteado. Según recoge, «Lanzarote soporta íntegramente los costes, tanto ambientales como territoriales y sociales, mientras los beneficios económicos viajan a otro lugar», por lo que apuesta por un sistema de titularidad pública inspirado en el modelo danés para garantizar que los beneficios reviertan en la población insular.

Respecto al desarrollo de la energía eólica terrestre, el estudio defiende priorizar la repotenciación de los parques ya existentes, fomentar la instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas urbanas e industriales, aprovechar espacios degradados e impulsar comunidades energéticas locales antes de ocupar nuevos terrenos agrícolas o paisajísticos.

Asimismo, propone crear Zonas de Uso Prioritario Pesquero (ZUPER) para proteger los principales caladeros y reclama que, mientras no se incorporen datos reales aportados por cofradías, organizaciones pesqueras y diarios de pesca, la tramitación de proyectos en áreas de alta sensibilidad «debe quedar en suspenso cautelar».

El informe concluye defendiendo un modelo de desarrollo energético basado en una mayor participación ciudadana desde la fase de planificación, con mecanismos que favorezcan la propiedad pública o cooperativa de las instalaciones y que eviten procesos especulativos. «Los beneficios de explotación deberían quedarse en dicho territorio», señala el documento, que también aboga por proteger «a la propiedad local para evitar cualquier tipo de actuación especuladora y consiguiendo que la capacidad instalada perteneciese a particulares, a través de cooperativas o de empresas públicas».

Además, los investigadores subrayan que «ninguna transición energética puede considerarse verdaderamente justa en Lanzarote si implica deteriorar su paisaje, comprometer a quienes apuestan por un turismo sostenible, debilitar la pesca artesanal o poner en riesgo el patrimonio cultural y económico que históricamente ha definido la relación de la isla con el mar».