La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia ha dado este lunes luz verde a su dictamen, un documento que permanecerá bajo reserva hasta que sea debatido en el pleno de la Cámara. A partir de ahora, los grupos parlamentarios disponen de cinco días para presentar votos particulares antes de que el texto pueda ser elevado a la sesión plenaria.

El presidente de la comisión, Raúl Acosta, explicó que los servicios jurídicos del Parlamento han determinado que el contenido del dictamen debe mantenerse en secreto hasta su debate en el pleno, por lo que evitó ofrecer detalles sobre el documento aprobado o sobre las dos enmiendas incorporadas. «El Parlamento guardará todas las cautelas a la hora de mantener como tal esa información», señaló.

La previsión es que el informe pueda debatirse en el último pleno del actual periodo de sesiones, previsto para los días 21 y 22 de julio, aunque la inclusión definitiva en el orden del día dependerá de la Junta de Portavoces.

Las dos únicas enmiendas al dictamen fueron presentadas conjuntamente por los grupos Nacionalista Canario y Popular. Según fuentes parlamentarias, ambas introducen únicamente precisiones técnicas y no modifican el contenido del informe.

Nueva Canarias, por su parte, decidió no presentar enmiendas. Su diputada Esther González justificó la decisión al asegurar que su formación no quiere participar «en el circo» en el que, a su juicio, los partidos que sustentan al Gobierno han convertido la comisión. Además, sostuvo que Coalición Canaria y el Partido Popular ya habían responsabilizado al expresidente Ángel Víctor Torres y a su Ejecutivo antes incluso del inicio de los trabajos parlamentarios.

La parlamentaria criticó también que la propuesta de dictamen atribuya responsabilidades a Torres y a su Consejo de Gobierno «por acción y omisión», al tiempo que denunció que incorpora informes inexistentes y deja fuera testimonios que, en su opinión, aclaraban los hechos investigados.

La comisión fue constituida en mayo de 2024 para analizar las responsabilidades políticas derivadas de la contratación de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud durante la crisis de la covid-19. Desde entonces ha celebrado numerosas comparecencias, entre ellas las del expresidente Ángel Víctor Torres, el exministro José Luis Ábalos y el exdirector del SCS Conrado Domínguez, además de prorrogar en cuatro ocasiones el plazo para elaborar sus conclusiones.

La investigación parlamentaria gira en torno al contrato adjudicado en 2020 a la empresa RR7, dedicada a la venta de vehículos y propiedad de Rayco González, por un importe de cuatro millones de euros para el suministro de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a entregarse.

Paralelamente, la causa judicial permanece bajo la investigación de la Fiscalía Europea al apreciar indicios de que pudieron emplearse fondos comunitarios. En el procedimiento están siendo investigados Rayco González por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales; el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias; y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, por un presunto delito de prevaricación relacionado con la tramitación del expediente de compra.