El Gobierno de coalición ha acordado impulsar durante el mes de julio un “importante” paquete de medidas en materia de vivienda que incluirá iniciativas fiscales, regulatorias y de protección del alquiler, entre ellas la aplicación de un IVA del 21% a los pisos turísticos y la prórroga de los contratos de arrendamiento.

La ministra portavoz, Elma Saiz, anunció tras el Consejo de Ministros que se trata de un texto “ambicioso y transversal” que incorpora propuestas debatidas a lo largo de la legislatura con el objetivo de lograr un amplio consenso parlamentario. “Se trata de un texto ambicioso y transversal”, señaló, subrayando la intención del Ejecutivo de trabajar con los grupos para alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.

El plan se estructura en dos grandes bloques. El primero está orientado a la contención de precios, la estabilidad de los contratos y la lucha contra el fraude en el alquiler, mientras que el segundo busca movilizar vivienda asequible mediante incentivos y medidas de agilización administrativa.

Dentro del primer bloque se incluyen la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos, la obligatoriedad de formalizarlos por escrito y bonificaciones en el IRPF para propietarios que reduzcan el precio del alquiler.

El segundo eje contempla, entre otras medidas, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos, así como actuaciones destinadas a facilitar la incorporación de vivienda al mercado residencial.

Saiz defendió la iniciativa como una respuesta a una de las principales preocupaciones ciudadanas. “Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin lugar a duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, afirmó la ministra.

Desde el ámbito del Ejecutivo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, señaló que existe margen para alcanzar un acuerdo con otros grupos parlamentarios, incluida Junts, en relación con ajustes fiscales y de aplicación de algunas medidas, especialmente las vinculadas a la prórroga de los contratos de alquiler.

El Gobierno ya había aprobado en marzo una prórroga de dos años para los contratos que vencieran hasta finales de 2027, aunque la medida no prosperó en el Congreso al ser rechazada por PP, Vox y Junts.

En este contexto, distintos socios parlamentarios han planteado matices. Compromís, por ejemplo, reclama que la regulación del alquiler se descentralice a nivel local, además de insistir en la necesidad de recuperar la prórroga de contratos y avanzar en la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.