El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la lucha contra la corrupción debe afrontarse “con determinación, con transparencia y en plena cooperación con el sistema judicial”, al considerar este fenómeno una de las principales amenazas para la legitimidad democrática.

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante su intervención telemática en la presentación de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la confianza en las instituciones públicas, en el que se analiza la percepción ciudadana sobre los gobiernos en distintos países.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo subrayó que “ningún país es inmune a la corrupción”, aunque recalcó que lo que diferencia a las democracias es su capacidad de respuesta cuando estos casos salen a la luz. En ese sentido, insistió en la necesidad de actuar con transparencia y bajo supervisión judicial.

El presidente afirmó que la confianza en el Gobierno en España ha aumentado seis puntos entre 2023 y 2025, situándose en el 43 %, por encima de la media de los países miembros de la OCDE, lo que calificó como un “progreso alentador”, aunque advirtió de que no debe interpretarse como motivo de autocomplacencia.

En este contexto, Sánchez vinculó la credibilidad institucional al cumplimiento de las promesas y a la calidad de los servicios públicos, señalando que los ciudadanos confían en las instituciones “cuando cumplen sus funciones” y responden a sus necesidades.

Asimismo, destacó que su Ejecutivo ha centrado su acción en “fortalecer los cimientos del Estado del bienestar” y en impulsar reformas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

El presidente también defendió la integridad como pilar esencial de la confianza democrática y aseguró que la corrupción “socava la igualdad ante la ley” y debilita el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, afirmó que España ha reforzado su marco de integridad pública y ha puesto en marcha un plan estatal contra la corrupción basado en recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el Consejo de Europa.

Por otro lado, el informe presentado refleja que la preocupación de los ciudadanos españoles por la corrupción alcanza el 38 %, más del doble de la media de los países de la OCDE, situada en el 18 %, y por encima de otros países del entorno europeo.

Desde la organización, su secretario general, Mathias Cormann, subrayó la importancia de que los gobiernos mejoren la calidad de los servicios públicos, refuercen la participación ciudadana, aumenten la transparencia en la toma de decisiones y adapten la innovación tecnológica a las exigencias de confianza social.